La noche más triste

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LA NOCHE MÁS TRISTE

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Atticus me dijo que borrase los adjetivos y me atuviese a los hechos. HARPER LEE, Matar a un ruiseñor

INTRODUCCIÓN Días después de publicar “La noche más triste”, el reportaje en Nexos que dio origen a este libro, alguien me envió un tuit que decía lo siguiente: “Para mí la noche más triste fue la del Casino Royale, después de eso entendí que nada va a cambiar”. Para algunos la noche más triste fue la del 5 de junio de 2009, cuando 49 niños murieron asfixiados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Para otros la del 24 de agosto de 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados en el pueblo de San Fernando, Tamaulipas. Para la mujer que me escribió el tuit fue el 25 de agosto de 2011, casi un año después de lo ocurrido en San Fernando. Decenas de muertos y distintos motivos, aunque con causas similares. En Hermosillo fue el olvido del gobierno federal que dejó en manos incompetentes el cuidado de los niños. En San Fernando fue el control absoluto de los Zetas el que permitió la masacre indiscriminada de aquellos que sólo buscaban una vida mejor. Y en Monterrey fue algo parecido: la estructura paralela, el verdadero poder, los cárteles del narcotráfico, quienes cobraron el derecho de piso de un casino con 52 vidas. Negligencia, ausencia del Estado, control criminal y violencia generalizada, son circunstancias a las que en México ya nos hemos acostumbrado durante los últimos años. En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la conversación, los medios, la visión desde fuera era la misma: el país se acercaba al borde del barranco, y no se veía cómo detener la inminente caída. En 2012 empezaron las campañas para elegir al nuevo presidente. En ese entonces una publicación estadounidense me pidió un análisis de lo que podría suceder durante los meses previos a la elección. Dado que violencia era de lo único que hablábamos, supuse que ése sería el eje central de la pelea: cuántos muertos, de quién eran culpa, por qué el país estaba como estaba y quién tenía la mejor propuesta para cambiar la situación. Eso escribí. Preveía una manipulación de cifras, spots que

resaltaran lo más horrible de la realidad nacional. Nunca me había equivocado tanto en la vida. En las campañas se habló poco y nada de la guerra contra el narcotráfico; como si la elección hubiera ocurrido en un vacío. Enrique Peña Nieto se enfocó en propuestas económicas y en seguridad social. Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de forma tangencial: hablaba de “serenar al país”, sin especificar cómo. La única con una propuesta concreta —y a la vez suficiente para alejar a muchos votantes— fue Josefina Vázquez Mota, y lo hizo el último día de su campaña: propuso que el presidente Felipe Calderón se mantuviera en el gobierno, pero como procurador general de la República. Nadie tenía ideas nuevas. Durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, su lugar lo ocupó la Comisión Nacional de Seguridad. Hubo alguno que otro foro sobre violencia y prevención, pero no fueron ni publicitados ni efectivos; pocos recuerdan que hayan sucedido, y menos todavía qué propuestas y conclusiones derivaron de ellos. La Policía Federal, el Ejército y la Marina dejaron de emitir tantos boletines como en años anteriores: ya no hablaban en alto de decomisos, de “abatidos”, de “plagiarios” o de “sicarios”. Como consecuencia, los medios redujeron su cobertura. Las primeras planas de los periódicos cambiaban de tono, los reporteros de las fuentes de seguridad eran reasignados a otras coberturas. En el extranjero las publicaciones se desvivían en elogios al nuevo gobierno por las reformas estructurales. En tan sólo unos cuantos meses la conversación era otra. Salvo alguna anomalía —Michoacán, por ejemplo, que fue tratado como “caso aislado”, o como remanente del sexenio anterior—, así fue durante casi dos años. En México ya no se hablaba de violencia. El 26 de septiembre de 2014 fue una sacudida muy fuerte a esa idea, y por eso seguimos hablando del tema al día de hoy. La noche de Iguala, en la que seis personas murieron —tres normalistas, un chofer, una pasajera de taxi y un futbolista— y otras 43 desaparecieron, le recordó al país que la violencia seguía ahí, que pocas cosas habían cambiado. Los grandes cárteles habían desaparecido, sí, pero la división territorial seguía siendo la misma: no eran ni estados ni municipios, sino “plazas” que controlar. Y no sólo eso: la noche de Iguala mostró el siguiente paso en la evolución de la violencia engendrada en los años anteriores. Ya no eran nada más los Zetas, o la Familia, o el cártel del Golfo. Eran los Guerreros Unidos, los

Rojos, los descendientes de los grupos originales. Pero no estaban solos. Tenían el apoyo del gobierno municipal y la complicidad tácita del estatal. José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, son sólo algunos de los nombres que se leerán en las páginas siguientes. Funcionarios, militares, policías; aquellos que debían representar a los ciudadanos, cuidarlos, ayudarlos a mejorar su vida, se encargaban de todo lo opuesto: extorsionaban, secuestraban, torturaban, desaparecían y mataban gente, y lo hacían de forma sistemática. Los cementerios hechizos alrededor de Iguala, donde en un inicio se pensó que estaban los cuerpos de los 43 normalistas, son una prueba clara. El delirio de la violencia se había convertido en algo cotidiano. En alguna tumba sin marca tendrían que estar, era la lógica. Ahí es donde terminaban todos, en una fosa clandestina. El control de México por los cárteles, la pobreza del país, la historia de los movimientos sociales, la impunidad y podredumbre del gobierno contextualizan lo sucedido. Es por esto que escribo este libro: para buscar entender las causas y motivos que hicieron posible que 43 personas pudieran desaparecer sin dejar rastro; para entender qué sucedió y cómo, y para no olvidarlo. Ciudad de México, 20 de abril de 2015

LA MECHA No hay forma de saber con exactitud qué día inició. Algunos dicen que fue el 9 de noviembre de 2006, cuando Felipe Calderón se reunió con George W. Bush y le contó su plan de seguridad para los siguientes seis años. Otros dicen que empezó desde mucho atrás, cuando el cártel del Golfo comenzó a reclutar a militares de élite, los llamados GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), entrenados en Estados Unidos; varios cuando Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, fue detenido en 2003 en Matamoros, Tamaulipas, y unos más en 2004 al final de la prohibición de la venta de armas de alto poder en Estados Unidos, cuando México se volvió a inundar de estos cuernos de chivo. Según la hipótesis sobre Osiel Cárdenas, los dos grandes cárteles (Sinaloa del lado oeste del país, y el Golfo en el este) se reacomodaron después de su arresto. Joaquín el Chapo Guzmán, apoyado por los hermanos Beltrán Leyva, intentó conquistar el territorio que Cárdenas dejaba vacante. Pero los ex GAFE, ahora conocidos como los Zetas, también tenían interés en crecer. El Golfo, Sinaloa y los Zetas comenzaron entonces la guerra por Tamaulipas. Y de ahí por el resto del país. Dice Ioan Grillo en El Narco: Pocos vieron el significado de la guerra por el territorio en Nuevo Laredo. Pero el conflicto trajo una serie de tácticas sin precedente: el uso de escuadrones paramilitares de sicarios, ataques generalizados contra la policía y secuestros masivos.1 No fue hasta 2006 cuando el gobierno federal intentó involucrarse — con seriedad— en el asunto. En las campañas —al igual que seis años después—, las menciones fueron escasas. Los tres candidatos principales: Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo y el eventual presidente Felipe Calderón se centraron en la estabilidad económica y la generación de empleos. En sus anuncios Calderón no mencionaba las palabras narcotráfico o guerra, que después utilizaría con frecuencia; para él la

principal diferencia estaba entre un proyecto de crecimiento del empleo y el supuesto “peligro para México” que representaba López Obrador. De acuerdo con Wilbert Torre en su libro Narcoleaks, las primeras señales de preocupación llegaron a Calderón una vez electo, cuando abrió las carpetas con los informes gubernamentales sobre el estado del narcotráfico en ese momento. Nuevo Laredo y gran parte de Tamaulipas estaban fuera del control de las autoridades locales; los municipios michoacanos colmados por el crimen organizado; los grandes cárteles se expandían, y en el país las cifras eran de 9 000 muertos relacionados con el narcotráfico en el sexenio de Vicente Fox, y el número crecía. Más aún, argumenta Torre, el distanciamiento en este tema entre México y Estados Unidos durante la presidencia de Vicente Fox, así como el desmantelamiento del aparato de inteligencia federal, llevaron a que Calderón tomara una decisión con poco contexto y pocos elementos. En palabras de Torre: “Entraba a una cueva con los ojos cerrados” al declararle la guerra al narcotráfico.2 Las cuatro teorías, que pueden entenderse en conjunto, dan una idea del principio de la violencia y del contexto nacional. Para este libro, dentro del amplio mundo de conflictos entre cárteles, gobierno y la multimillonaria industria del tráfico de drogas y armas, el punto importante del origen es el quiebre entre Joaquín el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, en particular Arturo, conocido como el Barbas. Dice la historia que Guzmán y Beltrán Leyva crecieron en el mismo pueblo, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Depende de a quién se le pregunte: algunos dicen que sólo eran vecinos de barrio, otros que eran primos —lejanos—. Pero crecieron juntos, eran de edades similares (Guzmán nació en 1957, Beltrán Leyva en 1961) y siguieron el mismo camino: se volvieron narcos. Después de la fuga del Chapo del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001 y su regreso al liderazgo del cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva y Guzmán fueron los artífices de la expansión a Tamaulipas.3 Pero en la guerra algo siempre sale mal: los Zetas fueron subestimados por Sinaloa. A pesar de ser pocos en número, el entrenamiento militar los distinguía de los demás. No sólo lograron repeler al Chapo y compañía y superar al

Golfo, sino que ampliaron su zona de control por toda la costa del Atlántico. Para ese entonces, la ofensiva del gobierno federal —en manos del Ejército y después de la Marina— lograba ciertos éxitos, en particular arrestos de cabezas de los cárteles. Uno de ellos fue el 21 de enero de 2008 en Culiacán, cuando miembros del GAFE —grupo del cual habían desertado los líderes Zetas años atrás— detuvieron a Alfredo el Mochomo Beltrán Leyva, hermano menor del Barbas, a partir de una llamada anónima. Según cuenta Héctor de Mauleón en Marca de sangre, el Barbas le pidió al Chapo Guzmán que ayudara a liberar al Mochomo, pero Guzmán le dijo que tenía que ser “sacrificado” para que el negocio continuara.4 Ahí comenzó una guerra dentro de una guerra: Beltrán Leyva y su familia rompieron con Sinaloa y se mudaron al sur. Se adueñaron del tráfico en grandes partes de Guerrero, Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal. Con el fin de ganar control sobre el terreno, Beltrán Leyva fue esparciendo a su gente, pero también reclutó a narcotraficantes locales y se asoció con grupos más pequeños. En el caso del Estado de México, Guerrero y Morelos lo hizo con dos grupos en particular: los Guerreros Unidos y los Rojos. Los primeros tenían entre sus líderes a los hermanos Casarrubias, Mario el Sapo Guapo y Sidronio. Los segundos a Jesús Nava Romero el Rojo y a su sobrino José Ángel Nava Marino el Motas. Guerreros y Rojos controlaban distintas partes del territorio, y su único vínculo era la pertenencia al cártel de los Beltrán Leyva. Guerrero era la joya de la corona. No sólo por su producción de mariguana —de la variedad Acapulco golden—, sino por ser terreno para sembradíos de opio —la base de la morfina, en el mercado legal, y de la heroína, en el ilegal—. Aunque en un principio la mariguana era la principal droga de exportación del estado, conforme se fue legalizando en años recientes en partes de Estados Unidos (en California y Colorado, por ejemplo), el tráfico se redujo; asimismo, los patrones de consumo se modificaron y los opiáceos tuvieron un resurgimiento. En Guerrero todo cambió, ya que en el área conocida como “El Pentágono de la Amapola” crece, hoy en día, al menos 42% de toda la amapola que se produce en México.5 De la noche a la mañana la economía era otra. Beltrán Leyva, que tenía su propio escuadrón de élite, las Fuerzas Especiales de Arturo (FEDA), cuyos vehículos y ropa lucían el monograma

de la organización, estaba en contacto constante con sus operadores en la zona. En Morelos dos de sus principales lugartenientes eran los hermanos Pineda Villa: Alberto el Borrado y Mario el MP. Un tercero, Salomón el Salo, trabajaba para ellos. Los Pineda Villa, según investigaciones federales,6 tenían, a su vez, a cientos de sicarios bajo su mando. La cacería de los hermanos Pineda empezó tras el homicidio el 23 de octubre de 2008 de Andrés Dimitriadis, subprocurador del estado de Morelos, supuestamente ordenado por el Borrado. El 5 de mayo de 2009 arrestaron a sus padres, Salomón Pineda, de 73 años, y María Leonor Villa, de 59. Una vez más, el quiebre fue familiar: así como el Barbas Beltrán Leyva le pidió al Chapo que lo ayudara a liberar a su hermano el Mochomo, el Borrado Pineda le pidió al Barbas que vengara a sus padres. Beltrán Leyva no sólo no accedió, sino que el cuerpo del Borrado Pineda fue encontrado en una cajuela el 12 de septiembre de 2009. El cuerpo del MP Pineda apareció en la carretera federal México-Cuernavaca días después, bajo circunstancias similares y con un mensaje firmado por la misma persona: el Jefe de Jefes, uno de los apodos de Arturo Beltrán Leyva. Salomón fue detenido por fuerzas federales en esas fechas, pero tras cuatro años bajo proceso, fue liberado por falta de pruebas. El hermano restante, Julio Guadalupe, desapareció tras ser secuestrado por la Familia Michoacana. La única hermana, María de los Ángeles, estuvo bajo investigación federal: la oficina en Guerrero de la Procuraduría General de la República abrió una averiguación previa en contra de ella, aunque decidió archivarla en 2010.7 De los siete miembros de la familia Pineda Villa la única libre era ella hasta 2014. El 16 de diciembre de 2009, en los condominios de lujo Altitude en Cuernavaca, parte de un grupo de élite de la Secretaría de Marina, también entrenado en Estados Unidos, aterrizó en la azotea de uno de los edificios. Otros tantos llegaron por la puerta principal. Tras cuatro horas de balazos y esporádicos granadazos, Arturo el Barbas Beltrán Leyva intentó huir por el elevador y murió en una ráfaga de tiros. Esa noche también comenzó a morir el cártel: con el arresto de Alfredo el Mochomo en 2008, la captura de Carlos en 2009 y el retiro de Héctor (arrestado en 2014). Édgar la Barbie Valdez Villarreal asumió el control, aunque por poco tiempo. Lo detuvieron en 2010. Descabezado, el grupo de los Beltrán Leyva se

deshizo en varios fragmentos. Guerrero y Morelos se partieron en por lo menos 10, aunque los dos brazos principales de los Beltrán Leyva se quedaron con el mayor control: los Guerreros Unidos y los Rojos. Al mismo tiempo cárteles externos, como la Familia Michoacana, intentaron ocupar el vacío de los Beltrán Leyva. La violencia escaló al grado de que a partir de esa fecha Acapulco recibió el “honor”, por varios años, de ser parte del top 3 de las ciudades más violentas del mundo.8 Sin el dominio de los Beltrán Leyva, la pelea por la amapola y su trasiego se hizo más grande, y los puntos de entrada se inundaron de sangre. La amapola, una vez recolectada y trabajada para transformarse en un ladrillo de goma —una especie de pasta sucia color café o negro, según el tipo de amapola, que se encuentra dentro de la flor—, bajaba por la sierra y llegaba a la zona de Iguala, donde, tras un proceso químico, se convertía en heroína y después se exportaba. A precios de 2014, el ladrillo, comprado a 13 000 pesos por kilo en Iguala,9 era vendido en casi un millón de pesos en Estados Unidos. A pesar del alto costo generaba una ganancia para el vendedor final de casi 1 100 000 pesos una vez que se comerciaba al menudeo.10 El negocio era demasiado lucrativo como para dejarlo ir. Por ello, los municipios de Cocula y Tepecoacuilco, colindantes con Iguala, tienen tasas de homicidio muy por encima de la media nacional. Es paradójico, pero en uno de los estados más pobres del país es donde Guerreros y Rojos libran la batalla por una de las drogas más lucrativas del mundo.

LA PÓLVORA Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los tres estados más al sur del país, son también los tres estados al fondo de los niveles de bienestar en México. El sur mexicano, a lo largo de la historia, ha sido olvidado por el progreso. Salvo el puerto de Acapulco, utilizado desde hace siglos para el comercio con el oriente, el resto de Guerrero ha vivido sumido en la pobreza desde su fundación en 1849. Sólo el norte del estado, donde en el porfiriato se construyeron las vías del tren, se alejó de la miseria, pero por poco tiempo. El gobierno mexicano privatizó los ferrocarriles a finales del siglo XX, y de ellos no quedó nada después. Al día de hoy, según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero está muy por debajo de la media nacional en todas las categorías de desarrollo. Para dar una escala de la tragedia: un tercio de la población vive en pobreza extrema, lo cual quiere decir que subsiste con menos de un dólar al día —poco menos de una cuarta parte del salario mínimo—.1 Cuarenta por ciento de la población padece de lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (abreviado como FAO en inglés) define como inseguridad alimentaria severa; esto quiere decir que los habitantes de un hogar —adultos y menores— se han ido a dormir, en más de una ocasión, sin haber comido durante todo el día. El mismo porcentaje carece de acceso directo a agua entubada, y 76% de los guerrerenses no tiene drenaje en su vivienda, aunque 95% tiene electricidad. En servicios de salud, una cuarta parte de la población está en estado de carencia, lo que el Coneval define como no estar inscrito en ningún programa público o privado para recibir servicios médicos.2 La tasa de fecundidad —el promedio de hijos que hipotéticamente tendría una mujer en edad fértil— es de 2.94, sólo por debajo de Nayarit; 41% de las mujeres en Guerrero no utiliza anticonceptivos.3 A nivel educativo también hay un rezago

palpable. De los aproximadamente tres millones de guerrerenses, según el censo de 2010, poco más de un millón tiene la primaria concluida. La penetración de internet en el estado es apenas de 11% de la población.4 La historia de Guerrero va de la mano de estos índices. La pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción gubernamental han hecho del estado uno muy volátil desde mucho tiempo atrás, y en particular durante el siglo pasado y en las primeras décadas de éste. Una de las tradiciones más fuertes de Guerrero ha sido el gobierno de pequeñas cuadrillas de caciques que se han rotado los puestos importantes desde antes de la Revolución. Desde 1910 y hasta la fecha, la familia más poderosa en la política del estado ha sido la de los Figueroa, asentados en Huitzuco, a 30 kilómetros de Iguala. Los hermanos Figueroa, Ambrosio, Francisco y Rómulo, fueron de los maderistas más conocidos en la zona durante el levantamiento armado en 1911; Ambrosio capturó Iguala y Francisco fue nombrado gobernador provisional en mayo de ese mismo año.5 Aunque Figueroa no cumpliría ni 12 meses antes de ser depuesto, regresaría en 1918 para ocupar el cargo hasta 1921. Rubén Figueroa Figueroa, sobrino de Francisco, sería gobernador de 1975 a 1981; su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, de 1993 a 1996; Rubén Figueroa Smutny, hijo de este último, sería diputado local por el PRI en la legislatura 2012-2015. En tiempos recientes, Ángel Aguirre Rivero, primero gobernador interino de 1996 a 1999 y después gobernador de 2011 a 2014, impulsó a su hijo, Ángel Aguirre Herrera, para la presidencia municipal de Acapulco. El hermano del ex gobernador Aguirre, Mateo, era su coordinador general, y su sobrino Ernesto también trabajaba para el gabinete estatal. Esto sin mencionar que Manuel Añorve, ex alcalde de Acapulco y diputado federal durante el trienio 2012-2015, es su primo segundo. Los pocos que controlan el poder también manejan el dinero. Ernesto y Mateo Aguirre, por ejemplo, fueron arrestados el 10 de febrero de 2015 bajo la acusación de haber desviado 287 millones de pesos del presupuesto estatal a sus cuentas bancarias desde 2011 y hasta 2014.6 Esto en un estado con 70% de la población en pobreza, el segundo más alto después de Chiapas.7 Cuando Manuel Añorve fue alcalde de Acapulco, también se le acusó de malversar fondos y de quebrar al ayuntamiento; en la

precampaña de Aguirre Herrera en 2014 hubo varias denuncias en medios del uso de recursos estatales para la compra de electrodomésticos, supuestamente regalados a cambio de apoyo a su campaña para presidente municipal. El caso llegó al punto de que a Aguirre Herrera se le conoce como el Refri a nivel local;8 aunque después del arresto de sus familiares, Aguirre desistió de la candidatura. La corrupción de los altos mandos del estado, la represión a los movimientos sociales y la falta de resultados han sido tales que, desde 1945, cuando Guerrero instauró el periodo sexenal, sólo nueve gobernadores han logrado cumplir su mandato de principio a fin. En lugar de haber sido 12 en 70 años, ha tenido 19. La presión y los movimientos sociales han sido responsables en gran parte de la renuncia de varios de ellos. Tal es el caso de Raúl Caballero Aburto, el general que gobernó el estado de 1957 a 1961. Caballero Aburto asumió la gubernatura el 1° de abril de 1957, en sustitución de Daniel Arrieta Mateos, un interino nombrado en 1954. Arrieta fue elegido por el Congreso cuando Alejandro Gómez Maganda, el gobernador en turno, cayó de la gracia del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien poco después de una visita a Guerrero ordenó al Senado desaparecer los poderes del estado. Gómez Maganda era apenas el segundo gobernador tras el paso a gubernaturas sexenales. Desde un inicio, el periodo de Caballero Aburto fue turbulento. El alcalde de Acapulco, Jorge Joseph Piedra, lo acusó de robarse 33 de los 50 millones de pesos del presupuesto estatal; Caballero Aburto respondió al día siguiente con la orden de una auditoría al gobierno de Joseph Piedra. Por esas mismas fechas, los cadáveres de varios campesinos fueron encontrados en distintos puntos del estado, dos de ellos en la carretera de Acapulco-Zihuatanejo. Joseph Piedra, ex reportero con acceso a periódicos locales y nacionales, denunció que una treintena más había aparecido en fosas clandestinas —tal como sucede ahora—, aunque familiares de los desaparecidos aseguraban que eran centenares. Caballero Aburto removió de su cargo al alcalde poco tiempo después.9 Laura Castellanos, en su libro México armado, señala que el gobernador de Guerrero era visto como un personaje “siniestro” por la sociedad, como un hombre autoritario que no toleraba la disidencia. Por eso cuando el maestro normalista Genaro

Vázquez formó la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), el gobernador no dudó en tildarlos de “locos mitoteros” y en usar la fuerza bruta en contra de ellos. Con el fin de menguar a los movimientos sociales, Caballero Aburto propuso la creación de la Universidad de Guerrero, aprobada por el Congreso local y fundada el 22 de junio de 1960. La universidad carecía de autonomía, y tanto estudiantes como profesores se manifestaron para obtenerla. A tan sólo cuatro meses de su fundación, la universidad había entrado en huelga por este motivo, así como por el hecho de que el rector recién nombrado, Alfonso Ramírez Altamirano, no contaba con título universitario, pues era egresado de la Escuela Nacional de Maestros. De octubre a diciembre hubo marchas en las que participaron miles de personas. Destaca en particular una el 20 de noviembre, en la que se calcularon cerca de 10 000 asistentes.10 El Ejército cerró la universidad, y representantes del Congreso federal llegaron en diciembre para tomar nota del problema. Pero era demasiado tarde: el 30 de ese mes hubo una concentración de estudiantes, maestros y sectores populares en la Alameda de Chilpancingo. Un electricista de nombre Enrique Ramírez colgó una manta que decía “muera el mal gobierno”, y la respuesta de los soldados, que custodiaban la manifestación, fue disparar a quemarropa. Ramírez murió ahí mismo, y el militar responsable huyó. La gente enfrentó a los soldados, y éstos respondieron con más balas. Al día de hoy no se sabe la cifra exacta de muertos —13, según números del gobierno, 20, según otras fuentes; entre ellos tres menores de edad y un soldado—.11 Caballero cayó cinco días después, cuando el Senado declaró la desaparición de poderes en el estado por segunda vez en siete años. Con su salida los problemas sociales de la entidad no sólo no se resolvieron, sino que de hecho la respuesta gubernamental a ellos —en particular la militar— fue todavía más violenta. Durante la década de los setenta, Guerrero sería responsable de dos de las más grandes manchas en la historia del México moderno. La primera fue la creación de los llamados “vuelos de la muerte”, en los que militares bajo el mando del general Mario Arturo Acosta Chaparro subían a presos políticos a aviones y los lanzaban, vivos, desde las alturas. Al igual que en la matanza del 30 de diciembre de 1960, se desconoce el número de personas sometidas a la tortura y muerte en los vuelos; según Castellanos

el número puede ir desde decenas hasta centenares.12 La segunda mancha fue el primer caso de desaparición forzada oficialmente registrado en el país, el del campesino Rosendo Radilla, un líder social que fue detenido por soldados el 25 de agosto de 1974 en el municipio de Atoyac, y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.13 La represión continuó hasta el fin de siglo. En los noventa, ya con la dinastía Figueroa dueña del poder, el gobierno de Guerrero se lanzó una vez más contra un movimiento popular. En esta ocasión fue la Organización Campesina de la Sierra Sur en el municipio de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. Ahí, policías estatales dispararon contra una multitud que entre otras cosas reclamaba los servicios básicos que hasta hoy son escasos en el estado. Según cifras oficiales, 17 personas murieron ese día. Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador, se mantuvo 10 meses más en el puesto, aunque la investigación del caso lo obligó a pedir licencia. Al igual que Caballero Aburto, dejó el cargo a la mitad del sexenio. La matanza de Aguas Blancas también daría pie a la creación del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero, y su posterior escisión, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).14 Dentro de esta larga historia, un grupo es el que ha destacado como antagonista y blanco del gobierno de Guerrero: los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las escuelas normales tienen su origen en la filosofía educativa de John Dewey, un estadounidense cuya parte de su trabajo se enfocó en el cambio social a través de la educación. Para Dewey, y su discípulo mexicano Moisés Sáenz, el mejor método de aprendizaje —en oposición a la tradición de memorizar y repetir— eran las llamadas escuelas de acción, en las que los alumnos aprendían con base en la actividad y la práctica. Según Dewey, quien dictó una serie de conferencias en México, los estudiantes de este tipo de escuelas tendrían un desarrollo que los llevaría hacia la transformación de la sociedad; lo aprendido en ellas lo utilizarían para convertirse en líderes locales con el fin de mejorar la vida comunitaria. Entre otras cosas, la educación de acción implicaba talleres de carpintería, hojalatería y mecánica, actividades artísticas como lectura de poesía o cursos de danza.15

Las normales rurales, parte de este sistema, fueron fundadas en 1926, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Son el producto de una combinación entre las escuelas normales regionales campesinas y las escuelas centrales rurales. La primera escuela normal rural fue la de Acámbaro, en Guanajuato.16 Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas tuvieron su mayor impulso gubernamental; el general Cárdenas modificó el artículo 3° de la Constitución en 1934 para que la educación fuera de carácter socialista. A la par, los alumnos crearon la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM),17 una organización para defender sus derechos y para representarlos frente a las autoridades educativas. La FECSM incorporó a todas las normales rurales de la época, que para 1931 ya eran 16.18 Bajo Cárdenas las escuelas pedían “certificados de pobreza” y de “pureza ideológica”.19 A cambio de ingresar, los estudiantes recibían alojamiento, comida y materiales, así como una educación conforme a lo recién establecido en la Constitución. Dentro de cada escuela había algo conocido como el Club de Orientación Política e Ideológica (COPI), que fungía como el órgano representativo ante la FECSM. Pero una vez que Cárdenas terminó su mandato y su lugar fue ocupado por Manuel Ávila Camacho, el flamante proyecto de las normales rurales fue casi abandonado en favor de un plan educativo que buscaba enfocarse en la industria en lugar del campo. Ávila Camacho redujo el presupuesto de las escuelas, eliminó la modalidad de internado mixto y homologó el plan de estudios con las normales urbanas. Desde los cuarenta y hasta la fecha así se han mantenido, con una currícula suplementaria —no oficial— de educación rural. Ávila Camacho también eliminó la palabra socialista del artículo 3° de la Constitución. Aun así, las normales rurales continuaron con una educación comunitaria y de ideología socialista. Sus alumnos participaban en marchas y se unían a movimientos estudiantiles como el de 1968, mientras que algunos de sus profesores, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, se convirtieron en actores políticos opositores al gobierno. Vázquez, con su Asociación Cívica Guerrerense, se enfrentó al gobernador Caballero Aburto y fue encarcelado; a su escape de la cárcel de Iguala se convertiría en guerrillero y moriría en 1972 en un accidente carretero que al día de hoy levanta sospechas.20 Cabañas —quien durante su estancia en

Ayotzinapa fue electo secretario general de la FECSM— trabajó primero como profesor de escuela y se convirtió a la guerrilla después de la matanza de Atoyac, el 18 de mayo de 1967, cuando cinco manifestantes murieron a manos de policías estatales en la región de Costa Grande; entre ellos había una mujer embarazada.21 La protesta era por el cobro de cuotas a los estudiantes y sus familias, así como por la obligación de comprar uniformes escolares cuando los habitantes de Atoyac no tenían dinero para hacerlo.22 A partir de ahí, Cabañas crearía el Partido de los Pobres y pasaría el resto de su vida en la lucha armada. La respuesta del gobierno ante la presencia política de los normalistas rurales fue dura. Después del movimiento de 1968, Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, ordenó cerrar al año siguiente 15 de las 29 escuelas existentes en ese año, por considerarlas nidos comunistas. La apreciación no era del todo errada: la generación de 1967 de la normal rural de Saucillo, en Chihuahua, orgullosamente se hizo llamar “Fidel Castro Ruz”.23 La FECSM también tendría algunas fracturas, a partir de la creación del Partido de los Pobres y la militancia de varios estudiantes dentro del Partido Comunista Mexicano, a pesar de que dentro de la organización se prohibía la participación en partidos políticos. En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, las condiciones de las normales rurales volvieron a cambiar. En 1978 se fundó la Universidad Pedagógica Nacional, que generó competencia directa al modelo de educación rural. En 1984 las normales rurales dejaron de tener planes de estudio homologados a bachillerato y se convirtieron en licenciaturas, lo cual representó una mejora. Pero en 1993 fueron transferidas del control federal al estatal, con lo que quedaron a merced presupuestaria de los gobiernos de los estados.24 Esto último llevó, entre otras cosas, al cierre en 2008 de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, conocida como el Mexe, en Hidalgo. La escuela fue sustituida por una universidad politécnica. En Tuxtla Gutiérrez, la Escuela Normal Rural de Mactumactzá fue cerrada temporalmente durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Al reabrirse su presupuesto se redujo, el sistema de internado se suspendió y las instalaciones cayeron en desuso. A pesar de que en 2008 se dijo que la generación que ingresara ese año sería la última, la escuela continúa impartiendo clases, aunque con matrícula y docentes reducidos.25

En el caso de Ayotzinapa —en cuyas paredes todavía se aprecian murales con imágenes de Lenin y el Che Guevara—, los estudiantes entraron en conflicto con el gobierno estatal por la falta de dinero y mantenimiento de las instalaciones de la escuela, así como por la ausencia de oportunidades laborales al concluir la licenciatura. Esto porque —como en otros estados— el gobierno ha eliminado la creación de plazas automáticas para los maestros egresados de las normales rurales;26 también ha reducido en años recientes el presupuesto asignado a la alimentación de los estudiantes, que pasó de 35 a 17 pesos diarios por alumno en 2009.27 Como contestación, los estudiantes de Ayotzinapa han cerrado carreteras para manifestarse, tomado casetas para recaudar fondos —la práctica conocida como “boteo”— y “retenido” autobuses para sus actividades. La retención es vista de dos formas. Por un lado los normalistas dicen que firman “cartas de liberación” a los choferes, quienes están con el vehículo hasta que se devuelve días o semanas después. “Hay lo que nosotros llamamos una carta de liberación, donde se especifica ‘Normal Rural de Ayotzinapa, dirigido a la empresa tal’, se le dice ‘se retuvo los días ta ta ta, por el motivo tal, por lo que solicitamos le reembolse al chofer los gastos que hemos hecho. Por su cooperación muchas gracias’”, dice Omar García, un estudiante de la normal, miembro del COPI y sobreviviente del 26 de septiembre de 2014.28 Las compañías de transporte, en cambio, hablan de robo y de maltrato hacia su personal. Algunos choferes respaldan las acusaciones, otros dicen que es la propia compañía que los obliga a permanecer con el autobús para no ser despedidos, y que les pagan poco o nada cuando esto sucede.29 La toma de autobuses y casetas se ha convertido en práctica común, al grado de que las autoridades estatales las han tolerado por varios años. Al mismo tiempo, los alumnos de la escuela han endurecido y aumentado la frecuencia de sus marchas. El gobierno, por su parte, ha carecido de una estrategia clara para lidiar con el problema. Un ejemplo de ello ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cerca de una gasolinera a las afueras de Chilpancingo, cuando un grupo de cerca de 300 estudiantes llevaba a cabo una manifestación en contra del gobernador Ángel Aguirre, ya que la escuela llevaba dos meses sin director. La manifestación empezó a las 11:30 de la mañana, y para las 11:45 los

normalistas fueron cercados por policías municipales, estatales y federales, algunos vestidos de civil. Según crónicas periodísticas del día siguiente, los estudiantes traían piedras y por lo menos un par de bombas molotov.30 Tras lanzar gas lacrimógeno, los policías —de distintas corporaciones y desde distintos puntos— comenzaron a disparar a la multitud. Dos de los estudiantes, Gabriel Echeverría y Jorge Herrera, recibieron tiros de precisión: Echeverría en el cuello y Herrera en el cráneo. Ambos murieron momentos después.31 En respuesta, según testigos, un grupo de normalistas se acercó a la gasolinera Eva 2, a unos metros del lugar, y lanzó un coctel molotov en contra de una de las bombas. Un despachador, Gonzalo Rivas, intentó apagar el incendio antes de que hubiera una explosión mayor. Rivas sufrió quemaduras de tercer grado y murió 23 días después en un hospital.32 Era la séptima manifestación del 2011.33 En días posteriores los estudiantes pidieron la renuncia del gobernador Aguirre, así como una investigación independiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en una investigación presentada el 8 de enero de 2012, concluyó que la policía estatal de Guerrero incurrió en violaciones graves a los derechos humanos durante la manifestación. Entre otras cosas, intentó sembrarle un arma a uno de los normalistas muertos.34 Tiempo después también se comprobaría que tanto policías como peritos mintieron sobre lo sucedido ese día para protegerse entre sí. A pesar de lo sucedido, y de los gritos de renuncia en contra del gobernador Aguirre, la relación entre normalistas y gobierno sólo empeoró en los años siguientes. El presupuesto no cambió de forma significativa y los estudiantes continuaron con el “boteo”, la toma de casetas y la retención de autobuses. Es por eso que se encontraban en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

EL CERILLO José Luis Abarca Velázquez nació en 1961 en el municipio de Arcelia, a 130 kilómetros de Iguala. Su padre, Nicolás, provenía de una familia de comerciantes, al igual que su madre, Esther. El padre de ella era vendedor de sombreros. A su muerte, María, hermana de Esther, utilizó el dinero que tenían para empezar un negocio de compra y venta de oro.1 Nicolás, por su parte, era dueño de una tienda de novias en el centro de Iguala. Ahí es donde Abarca conoció a María de los Ángeles Pineda a principios de los ochenta. Se casaron en 1983 y tuvieron cuatro hijos: tres mujeres y un hombre. Abarca comenzó su carrera como vendedor de huaraches y sombreros, tal como había hecho su abuelo. Después se incorporó a la tienda de novias de su padre, y una vez casado, cambió de giro. Empezó un negocio como el de su tía, en el comercio de joyas.2 “Nos ha ido muy bien”, explicaba. Su fortuna, según sus propios cálculos, llegó a los 150 millones de pesos en efectivo, sin contar propiedades.3 Junto con su esposa constituyó dos sociedades anónimas: Abarpin —unión de los apellidos Abarca y Pineda— y Yozy’s —abreviatura del nombre de una de sus hijas—. Hasta febrero de 2015, había registro de 65 propiedades bajo el nombre de Abarca, su esposa, sus hijos y la empresa Yozy’s. Abarpin S.A. de C.V. fue liquidada en 2010.4 Tanto Abarpin como Yozy’s tenían en su objeto social la compra y venta de bienes raíces. María de los Ángeles Pineda nació en el Distrito Federal, aunque se mudó de joven a Iguala con su familia, originaria de Guerrero y Michoacán. Es hija de Salomón Pineda y María Leonor Villa. Tuvo como hermanos a Alberto, Mario, Guadalupe y Salomón. Alberto y Mario comenzaron como narcotraficantes en 2000, y en 2002 fueron reclutados por el cártel de Sinaloa, al que todavía pertenecía Arturo Beltrán Leyva. Alberto el Borrado y Mario el MP cobijaron a su hermano menor,

Salomón el Salo; eran los encargados de recibir cargamentos de droga en Acapulco y Zihuatanejo, que llegaban por avión o barco. Para 2004 eran los principales operadores en la zona y tenían a su mando a un grupo de sicarios conocido como los Pelones, integrado por jóvenes reclutados de municipios pobres de la sierra guerrerense.5 En 2005, debido a su cercanía con el entonces presidente municipal Lázaro Mazón, Abarca negoció la donación de un terreno que era propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Sedena accedió y lo entregó el 19 de septiembre de ese mismo año, a través del coronel de infantería Sergio Armando Barrera Salcedo, con el fin de mejorar la economía local.6 Abarca recibió el predio sin dar algo a cambio. Una vez en su poder, Abarca consiguió el cambio de uso de suelo de las 5.2 hectáreas que había recibido, planeaba desarrollarlas comercialmente. Para ello invirtió 22 millones de pesos suyos, y 278 de inversionistas y préstamos bancarios.7 El resultado fue Galerías Tamarindos, el centro comercial más grande del municipio, construido por Yozy’s. Para 2012, el matrimonio Abarca ya era dueño de 19 propiedades en la zona de Iguala. De ellas 13 eran centros joyeros, incluido uno en el centro de la ciudad. Galerías Tamarindos ya contaba con un cine de cadena nacional. Fue en ese año cuando a través de sus amigos Lázaro Mazón y Sebastián de la Rosa, José Luis Abarca incursionó en la política. Abarca, que no tenía licenciatura, se inscribió por esas fechas en el Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz, con sede en Zihuatanejo, y se tituló como abogado en 2014.8 Al momento de iniciar su precampaña para la presidencia municipal de Iguala en 2012, no estaba afiliado a ningún partido. Participó en la elección interna del PRD, no sin antes negociar con el PRI e incluso con el PAN.9 Sus dos principales contendientes fueron Óscar Díaz Bello y Justino Carvajal Salgado, sobrino del ex presidente municipal de Acapulco, ex senador por el estado y ex candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio. En la encuesta interna para elegir al candidato hubo un empate técnico, y tras horas de negociación, Díaz Bello declinó.10 Como premio de consolación le ofrecieron una diputación local, la cual aceptó. Aun así, Díaz Bello denunció lo que para él era una imposición, pues según él las

encuestas lo declaraban ganador, y sostuvo que en la visita de Andrés Manuel López Obrador al municipio durante su campaña presidencial, le entregó una carpeta con información sobre Abarca.11 Carvajal, a su vez, fue postulado al cargo de síndico administrador. Abarca ganó la elección con 39.7% de los votos, 12 puntos por encima de su competidor más cercano.12 Tomó posesión en los últimos días de septiembre, y su esposa, siguiendo la tradición política, fue nombrada presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Iguala. Ambos se habían afiliado dos meses antes al PRD.13 Sin embargo, al poco tiempo ya había una sombra sobre la presidencia de Abarca. El 8 de marzo de 2013, Carvajal iba saliendo de casa de su madre —hermana de Félix Salgado Macedonio—, cuando un comando armado le cerró el paso y comenzó a disparar. Carvajal murió al momento, y los responsables escaparon. Durante el resto de la presidencia de Abarca, la investigación estatal no conseguiría ningún resultado, ni siquiera un sospechoso, a pesar de que Salgado ya había sido detenido por un grupo de encapuchados en una ocasión previa.14 En el municipio se sospechaba que Abarca lo había mandado matar. Desde el inicio de su gestión, la característica fue la opacidad. Según la prensa local, durante el primer año de su mandato, el portal de internet Transparencia Iguala15 era una página vacía salvo por una liga al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. Una de las principales quejas de las múltiples organizaciones locales, agrupadas bajo el nombre de Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) era la falta de información específica sobre los gastos del municipio. Según el primer y único informe de gobierno de Abarca —el segundo estaba programado para la primera semana de octubre de 2014—, de octubre de 2012 a junio de 2013, el municipio erogó 233 174 070.73 pesos (página 22). De éstos, 100 782 667.00 fueron contabilizados como “Servicios personales (sueldo y aguinaldo)” (sic). Es decir, 43.2% de los egresos fueron a dar a salarios del municipio.16 De acuerdo con el directorio municipal, había en ese año 11 familiares de Abarca que estaban en la nómina, sin contar a su esposa.17 Entre ellos estaba su hermano como director de Reglamentos, su sobrino como director de Recursos Humanos, su primo como contralor, y otro primo como secretario de Seguridad Pública. En total, Abarca y su familia recibían 300 000 pesos al mes del

era-rio: 2 700 000 pesos del primer presupuesto anual. En términos porcentuales: 1.15% de los gastos del municipio iban a dar a la familia Abarca. Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas, el presidente municipal registró que el portal de transparencia sólo había recibido siete solicitudes en su primer año de operación.18 La familia Abarca estaba tan arraigada en la presidencia que a los pocos meses ya se hablaba de una sucesión matrimonial: Pineda ocuparía el lugar de su esposo en 2015, cuando terminara su trienio. Pero había un obstáculo importante, las organizaciones políticas locales. Entre ellas el FODEG y la Unidad Popular (UP), grupos que desde hace décadas han sido parte del orden político local, que reivindican nombres como el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y tenían vínculos con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La UP y el FODEG eran los principales opositores al gobierno de Abarca, y de alcaldes anteriores. En 2010, por ejemplo, Bertoldo Martínez, líder del FODEG, fue detenido en una marcha para conmemorar la masacre de Aguas Blancas.19 En octubre de 2012 el FODEG tomó las calles de Chilpancingo para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre. Los manifestantes pedían que el gobierno federal construyera más obra pública en diversos municipios del estado, que entregara fertilizante a los campesinos locales y que instalara drenaje.20 También hubo protestas en Iguala, que fueron ignoradas.21 La primera respuesta no vino hasta febrero de 2013, como consta en el acta de la reunión del cabildo.22 Según la regidora Esther Orea, los campesinos se quejaban de que el fertilizante que les daba el gobierno era de “baja calidad” y se “les entregaba tarde”.23 La discusión no llegó a ninguna resolución. Meses después, en una reunión extraordinaria de cabildo —el 25 de julio—,24 la regidora Sofía Mendoza Martínez dejó constancia en acta de que en las manifestaciones más recientes y en la toma del palacio municipal de Iguala habían participado miembros del PRD y del PRI, no sólo de la UP, como había dicho el gobierno local. Los manifestantes exigían lo mismo que le habían pedido a Aguirre en octubre de 2012. En una reunión del 2 de abril de 2013 —cuya acta está curiosamente desaparecida del archivo electrónico del gobierno municipal—, Arturo

Hernández Cardona, líder de la UP, llevó el reclamo a oídos del alcalde y la presidenta del DIF. La discusión subió de tono, y Pineda, esposa de Abarca, llegó a los golpes con Hernández.25 Lo “responsabilizó de lo que pudiera suceder”, y después se lo dejó mucho más claro: “No sabes con quién te metes, cabrón. Te va a cargar la chingada si sigues así…”26 Hernández era el esposo de la regidora Mendoza; casi dos meses después de la discusión pública de abril, el 30 de mayo, desapareció tras protestar en la carretera Iguala-Acapulco. Ocho miembros de la UP, liderados por Hernández, se manifestaron ese día a unos metros de la caseta de cobro de Iguala. Exigían, como en las marchas anteriores, la entrega de fertilizante de buena calidad. La policía estatal les pidió que se retiraran, y según testigos, “lo hicieron de forma amable”. A las cinco de la tarde dieron por terminado el acto, pero ya nunca regresaron a sus casas. Horas después se encontró su camioneta, abandonada, en el paraje cercano a la caseta. El día anterior habían hecho pintas en la pared del palacio municipal.27 Unos días después, tres de ellos, incluido Hernández, aparecieron muertos. Existe el testimonio de uno de los sobrevivientes, recogido en un acta ministerial.28 Nicolás Mendoza Villa, el testigo —quien buscó asilo en Estados Unidos después y cuyo hermano fue asesinado en abril de 2015 en circunstancias poco claras—, declaró que el 29 de mayo, en una reunión de Hernández con Abarca —en la que Pineda también estaba presente—, el alcalde, tras la insistencia de Hernández para que firmara un acuerdo entre ambos, le dijo que “su palabra valía” y “no tenía por qué firmar nada”. A los 15 minutos cerró: “Yo ya me voy. Y no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada”. Según relata el testigo, había dos personas armadas flanqueando a Abarca. Una de ellas dijo: “Mándalo a la chingada, de todos modos se lo va a cargar la chingada”. Durante la manifestación del 30 de mayo, Nicolás Mendoza recuerda que una mujer en una camioneta roja llegó al lugar alrededor de las tres de la tarde. Se comunicaba por celular mientras los observaba. Mendoza se puso nervioso, sin embargo, Hernández le dijo que no se preocupara. La mujer se fue, pero a la media hora regresó. Hernández siguió sin prestarle atención y los ocho manifestantes se subieron a sus vehículos y emprendieron camino de regreso a Iguala.

“A la altura del fraccionamiento San Ángel, antes de llegar al hotel que quemaron en fecha pasada, nos bloqueó el paso una camioneta Cherokee como cuadrada, color gris o azul claro, saliendo de la misma seis hombres con pistolas que vestían ropa negra con un escudo de Ferrari, con gorras y lentes oscuros.” Los encañonaron y gritaron: “Bájensen hijos de su puta madre, se los llevó la chingada” (sic). Los manifestantes intentaron escapar, pero Hernández recibió un tiro en la pantorrilla y fue golpeado por los hombres armados. En dos camionetas —la otra una Honda Pilot— los llevaron por un camino de terracería, hasta que los bajaron y los hicieron caminar por un monte. Cuando llegaron al destino, había otros hombres con pistolas y más personas secuestradas: cuatro hombres y tres mujeres, todos tirados en el piso. Uno de los hombres de negro dijo, según el testigo: “Para perdonarles la vida van a trabajar para nosotros”. Dijeron ser miembros de los Guerreros Unidos y estar bajo las órdenes de Abarca. Les vendaron los ojos. El testigo relató que por oídas identificó la voz de una de las personas a cargo del secuestro; era un familiar de Abarca: Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, su primo. “A ver ustedes, bola de revoltosos, vengan para acá. A ver si de veras son muy chingones que andan pintarrajeando mi ayuntamiento.” Acto seguido los torturaron por un par de horas. Los tuvieron en la misma posición mientras les pegaban. La idea, relató el testigo, era esperar hasta que llegaran otras personas. Diez hombres eran los que los tenían encañonados. Los pusieron a cavar una fosa. Era para Hernández. A la media noche llegó Abarca. Traía una cerveza Barrilito en mano, y se la ofreció a Hernández, quien se negó a aceptarla. “Qué tanto estás chingando con el abono”, le dijo Abarca. “Y te dabas gusto de pintar mi ayuntamiento, ahora yo me voy a dar el gusto de matarte.” Abarca lo llevó a la fosa ya cavada. Le puso el cañón del arma en el pómulo izquierdo. Jaló el gatillo. Hernández cayó a un lado de la fosa. Uno de los custodios lo empujó para que entrara a la que ahora era su tumba. Flores le dijo a Abarca o Abarca le dijo a Flores, según el testigo: “Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada. Ya va a llover”. La fosa se llenó de agua en unos minutos. A pesar de la denuncia de las muertes de Hernández y de Carvajal a las autoridades estatales —y después federales—, Abarca continuó en su cargo. Según una investigación del programa Punto de partida, el

procurador del estado, Iñaky Blanco, estaba en constante contacto con Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Aunque Ramírez prometió intervenir, la PGR nunca lo hizo.29 Felipe Flores, jefe de la policía y primo de Abarca, también se mantuvo en su lugar. Abarca aseguró en su primer informe de gobierno que la policía municipal desaparecería y se convertiría en parte del mando único estatal prometido por el gobernador. No sólo no fue así, sino que casi un tercio de su fuerza de seguridad —de 298 policías— no presentó el control de confianza requerido.30 Mientras tanto, los Guerreros Unidos —a los cuales habían pertenecido al menos tres de los hermanos de Pineda— luchaban de forma cada vez más cruenta con los Rojos. En el municipio de Tepecoacuilco, al sureste de Iguala, era común ver cuerpos regados tras balaceras de horas. En Cocula, al suroeste, la guerra también era contra los Caballeros Templarios. Según cálculos a partir del registro en el INEGI, el promedio de homicidios por 100 000 habitantes en la zona estaba muy por encima de la media nacional. Cocula, por ejemplo, tuvo en 2013 una tasa de homicidios de 80 por cada 100 000 habitantes, mientras que en el resto del país fue de 16.5.31 Al mismo tiempo, el número de desaparecidos aumentaba a un ritmo mucho mayor que en el resto del estado. Para 2014, Iguala estaba en camino a tener cuatro veces más desaparecidos que el promedio estatal, que a su vez ya era mayor que el promedio nacional.32 Los tres municipios eran un foco rojo. Corrupción, homicidios, desapariciones, narcotráfico. Iguala era un polvorín que nadie quería oler, pero que estaba a punto de explotar.

LA NOCHE Del 18 al 20 de septiembre de 2014, en Amilcingo, a unos cuantos kilómetros de la línea que divide Morelos y Puebla, hubo un cónclave de normalistas: representantes de las 16 escuelas normales rurales, aglomeradas bajo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se reunieron para planear su participación en las manifestaciones del 2 de octubre en el país. Los normalistas acordaron ir todos juntos a la ciudad de México. El punto de partida sería la escuela Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, en las afueras de Tixtla. Para moverse en contingente necesitarían transporte en gran cantidad. Los estudiantes de Ayotzinapa prometieron encargarse de ello.1 El domingo 21, ya de regreso en Ayotzinapa, los representantes informaron al resto de los alumnos qué era lo que tenían que hacer: recaudar fondos para el viaje a través del llamado “boteo” —el cual consiste en acudir a otras ciudades, y ya sea tomando casetas de cobro de la carretera, o colocándose a la entrada del lugar, pedir dinero a quien pase por ahí— y retener camiones comerciales. “Se planteó que se necesitarían aproximadamente 25 autobuses”, relata uno de los estudiantes que estuvo presente ese día y el 26 de septiembre en Iguala. Al día siguiente del anuncio, un grupo de estudiantes partió en uno de los autobuses que ya tenía retenido y fue hacia Chilpancingo, a unos 15 minutos de la escuela. En la terminal de Estrella de Oro, por la salida hacia Cuernavaca y el Distrito Federal, se hicieron de dos más, los cuales llevaron de regreso a Tixtla. El día 23 lo volvieron a intentar, pero esta vez la Policía Federal, en operativo en la capital desde meses atrás, los recuperó antes de que pudieran salir de la ciudad. No hubo enfrentamiento, y los estudiantes regresaron a la escuela, aunque no con las manos vacías. La policía les permitió “botear”. El 24 no salieron de Ayotzinapa. Los federales, tras el incidente del día anterior, duplicaron los patrullajes por la capital y en la carretera que la

une con Tixtla. Los normalistas prefirieron quedarse en la escuela, donde viven a manera de internado, ya que muchos son de regiones y municipios lejanos. El 25, y con el operativo todavía en marcha, los estudiantes fueron más lejos. Después de terminar las actividades del día en la escuela, tomaron camino a Huitzuco, a poco más de dos horas de Tixtla y a media hora de Iguala, donde “botearon” y consiguieron dos camiones más. A pesar de esto, no llegaban ni a la decena de autobuses y faltaba una semana para el 2 de octubre. En palabras de uno de ellos, “estábamos desesperados”. Decidieron redoblar esfuerzos. La próxima vez saldrían más de 100 alumnos para conseguir los camiones restantes. La gran mayoría de primer año, que no tenían idea de a dónde iban y a qué hora llegarían, pero que participaban en una especie de novatada que condona la dirección de la escuela y que aplican los estudiantes de grados superiores. Los de cuarto año raparon a los de primero —es común que se refieran a ellos como “los pelones”— y los de segundo y tercero se los llevaron para “iniciarlos” oficialmente en la vida de la normal. Así, de la mano de seis estudiantes de segundo año y dos de tercero, de pelo más largo, “los pelones” llegarían a Iguala la tarde del 26 de septiembre. Sólo los ocho alumnos de segundo y tercero sabían con exactitud el plan. El 26 de septiembre los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dividieron en grupos, como acostumbran. Desayunaron, limpiaron las instalaciones y se separaron. Los del taller de danza se juntaron a mediodía para discutir la presentación que habían tenido el día anterior. Alrededor de la una de la tarde, un estudiante de otro grupo se les acercó para informarles que ese día también habría toma de autobuses y “boteo”. Se iban a llevar a los de primer año. Según diversos testimonios que constan en expediente, el encargado de la organización del viaje era un alumno de segundo grado, Bernardo Flores Alcaraz, apodado el Cochiloco. Vale la pena aclarar que en la escuela los estudiantes se conocen más por apodo que por nombre y por eso las referencias a ellos en este texto son así. El Cochiloco, por ejemplo, juntó a sus compañeros de segundo, el Carrillas, el Fresco, el Pancita y la China, así como a los de tercero, el Güero y el Chane, para que se llevaran a los de primero. Entre ellos iban el Botitas, el Marinela, el Copi y el

Chicharrón, así como unos hermanos conocidos como los Kinders por su baja estatura. El Cochiloco Flores subió a los estudiantes a dos autobuses de la línea Estrella de Oro, y se los llevó a Chilpancingo, a pesar de la presencia de la Policía Federal. Salieron cerca de las tres de la tarde, y a la media hora llegaron a la central camionera para tomar más autobuses. Pero, al igual que en días anteriores, la policía —esta vez estatal— les impidió el paso y los regresó a Tixtla. De acuerdo con versiones de ambos lados, el encuentro fue pacífico. A las 15:50 ya estaban de vuelta en Ayotzinapa. Entre las cuatro y las cinco de la tarde hubo un debate sobre qué hacer. La decisión fue tomar rumbo al crucero de Huitzuco, donde ya habían retenido transporte durante la semana. Salieron de la normal cerca de las seis en los mismos dos autobuses Estrella de Oro, de número 1531 y 1568, entre 90 y 100 estudiantes de primer año supervisados por los mayores. Al llegar al lugar, donde se bifurca la carretera —Iguala recto, Huitzuco a la derecha—, pasadas las siete de la tarde, Flores tomó una decisión. Un autobús permanecería en el crucero y otro iría a la caseta norte de Iguala, la que da paso hacia Cuernavaca. Flores se quedó en el lugar con la mitad del grupo, afuera de un restaurante conocido como La Palma, donde es más fácil conseguir un autobús: circulan por ahí en cuatro direcciones distintas. El otro grupo de estudiantes, en el autobús Estrella de Oro 1531, llegó en menos de 10 minutos a la caseta y empezó a “botear”. Al poco tiempo apareció un camión que iba a la terminal de Iguala, un Costa Line con identificación 2513. Los normalistas se pusieron enfrente y le hicieron señas de que se detuviera. El autobús no iba lleno, y 10 estudiantes se subieron. Hablaron con el chofer, quien en principio les dijo que sí se lo podían llevar, pero que antes debían entrar a Iguala para dejar a los pasajeros. Los normalistas accedieron, y el Costa Line llegó a la ciudad alrededor de las ocho de la noche. El Cochiloco Flores intercambió mensajes con los normalistas de los otros dos grupos; él se había quedado con 40-50 estudiantes afuera del restaurante La Palma, otros 30 permanecían en la caseta de IgualaCuernavaca y un tercer grupo de 10 iba a bordo del autobús recién retenido. Cuando el Costa Line 2513 llegó a la central, ubicada a unas cuadras de la Plaza de Armas de Iguala —en la calle de Salazar—, algo extrañó a los normalistas. El chofer les dijo que esperaran adentro del autobús en lo que él avisaba a su compañía. Pasaron 10 minutos. Luego

cinco más. Eran las 20:35 y el chofer no regresaba. Uno de los estudiantes intentó abrir la puerta y no pudo porque tenía llave. El chofer los había encerrado. Adentro de la central, alguien de la compañía Costa Line llamó a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio para reportar lo que estaba sucediendo. Con un poco de pánico, el líder de ese grupo llamó por teléfono al Cochiloco Flores: “¡Necesitamos apoyo! ¡No nos dejan salir!”, dijo. Del otro lado del teléfono, Flores respondió: “¡Aguanten, compas! ¡Vamos para allá!” También hubo comunicación con la escuela. Hablaron para pedir ayuda a los estudiantes que se habían quedado en Ayotzinapa. Ellos abordaron dos camionetas modelo Urvan, propiedad de la normal y con 10 pasajeros cada una. Las camionetas entrarían a Iguala hora y media más tarde y en la ciudad llegaría a haber cerca de 110 normalistas esa noche. Tenían que llegar cuanto antes. Detrás de la reja de la terminal, a unos cuantos metros, empezaron a aparecer varios policías municipales. Según las declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber, identificado por las autoridades como halcón de los Guerreros Unidos —alguien que informa lo que ve en la ciudad—, la policía municipal tenía un control absoluto de los puntos de entrada a Iguala. Cuando alguien llegaba y veía el letrero que la proclama “la cuna de la bandera mexicana”, los policías municipales se encargaban de darle la bienvenida. Si las placas del vehículo no eran parte de la lista que tenían en mano los policías o si eran de otro estado, de inmediato sonaba la torreta. De la camioneta bajaban los uniformados. “¿Quién es usted? ¿A qué vino? Vamos a revisar su automóvil”, eran frases que se escuchaban con normalidad. Procedía un cateo y una inspección. Si los policías no encontraban nada, tal vez dejaban pasar con sólo una mordida. Si algo sospechoso aparecía en el coche: un arma, droga, algo que no les cuadrara, había un segundo interrogatorio. Pero ése no lo hacían ellos. Ése lo hacían los verdaderos encargados de la seguridad de la zona. Lo peor que le podía pasar al detenido era que lo subieran a la caja trasera de las pick-up municipales. Con toda certeza, engrosaría las filas de desaparecidos del país. Los 10 estudiantes lograron salir del autobús rompiendo los vidrios de emergencia. Mientras tanto, desde el restaurante La Palma, el Cochiloco Flores se comunicaba con el resto en la caseta. El plan había cambiado y los 70-80 normalistas que estaban divididos en dos puntos —el crucero y la caseta— irían a auxiliar a los de la terminal. El problema fue que el

chofer del Estrella de Oro 1531 no conocía bien Iguala y se tardó en llegar al centro porque estaba perdido. En cambio, el del Estrella 1568 llegó a la central a las 20:50. El Cochiloco Flores y sus compañeros descendieron y se juntaron con los otros normalistas, que ya estaban enfrente de los policías. Las versiones difieren en este punto, y no se sabe si los policías cortaron cartucho primero o los estudiantes les arrojaron piedras. Pero al ver la cantidad de normalistas —sumado a los 50 que llegaron más tarde a la terminal en el camión perdido—, los municipales optaron por retirarse. Los casi 90 estudiantes se volvieron a organizar y tomaron dos Costa Line más, con identificación 2012 y 2510. En total tenían cuatro, uno de ellos conducido por un normalista porque el chofer se había negado a participar. Según consta en las declaraciones ministeriales, lo golpearon y lo sentaron en la parte posterior del autobús. El camión que habían intentado llevarse en un principio, el Costa Line que abordaron en la caseta, lo dejaron en la terminal. En cada autobús viajaban entre 20 y 25 alumnos. Salieron en fila hacia la calle de Hermenegildo Galeana, uno de los ejes centrales que atraviesa la ciudad y que después se convierte en la avenida Juan N. Álvarez. Al mismo tiempo, cinco halcones de los Guerreros Unidos —uno de ellos policía municipal— se comunicaban por radio a través de un operador, David el Chino Hernández, que trabajaba para la Dirección de Protección Civil de la ciudad, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. El Chino Hernández también tenía contacto con el presidente municipal José Luis Abarca. Ante el primer reporte del enfrentamiento en la central, habló con el resto de los policías de Iguala y con el presidente Abarca para avisar que un grupo considerable de normalistas estaba en la ciudad. También pasó el mensaje a la policía de Cocula, municipio ubicado a 22 kilómetros de distancia del centro, al suroeste. Eran poco más de las nueve de la noche, y a unas cuadras de la estación de autobuses estaba por terminar el segundo informe de actividades de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF local. Era el acto que daría inicio a su precampaña por la presidencia municipal de Iguala. Las versiones tampoco son concluyentes en este punto: algunos estudiantes dicen saber lo que sucedía en la Plaza de Armas, otros no. En caso de que hubieran ido a reventar el acto,2 llegaban tarde. Abarca y Pineda estaban por irse del lugar.

Al ver que los normalistas se acercaban una vez más al centro de la ciudad, Abarca dio la orden, a través del operador Hernández: “Procedan”. Ningún normalista se acercaría al informe esa noche. El mensaje era contenerlos como pudieran. La fastuosa celebración de Pineda provocó embotellamientos, más que los de costumbre en el centro. El paso de los dos Estrella de Oro y los dos Costa Line por Galeana era muy lento, y los estudiantes comenzaron a desesperarse, en parte porque los policías ya sabían que estaban en Iguala. Ordenados de la siguiente manera: Estrella de Oro 1531, Costa Line 2012 y 2510 y Estrella de Oro 1568, los autobuses estaban atorados a la mitad de la ciudad. Del Estrella de Oro 1531 bajó un grupo de estudiantes para intentar abrir paso y para preguntar cómo salir de la ciudad. Los estudiantes consiguieron hacer un hueco en el crucero de las calles de Galeana y Aldama, a la altura de un Elektra, a pocos metros de la Plaza de Armas y a un kilómetro de la terminal. El Estrella de Oro 1531 logró dar la vuelta, pero el resto se quedó atrás y ya no pudo girar. A lo lejos aparecieron seis patrullas municipales, que se acercaron para flanquearlos. Los tripulantes de las patrullas cortaron cartucho y primero dispararon al aire. La gente de alrededor echó a correr. Entre gritos de “¡no nos disparen, somos estudiantes!”, algunos bajaron del autobús para aventar piedras, y una le partió el parabrisas a una patrulla. Los policías, al inicio, les apuntaban a los pies. Con los primeros balazos se agilizó el paso, y los normalistas regresaron a los dos Costa Line y al Estrella de Oro 1568, que quedaban en Galeana. Las patrullas se fueron acercando y los empezaron a perseguir, primero por Galeana y luego por su continuación, la avenida Juan N. Álvarez, hasta llegar a la parte norte del periférico, en el entronque con la carretera hacia Teloloapan, a una distancia de kilómetro y medio. Ahí ya no había paso. Una barricada de dos patrullas bloqueaba la salida. El Estrella de Oro 1531, después de dar vuelta en Aldama, giró una vez más para tomar el periférico sur a la altura de Walmart y después salir hacia la carretera a Chilpancingo, al oeste de la ciudad. Antes de llegar al periférico, el chofer platicó con los alumnos. Les contó que su familia era de Tixtla, y que “quería ir a verlos”. Sólo les pidió que lo esperaran cinco minutos, en lo que recibía unos documentos de una conocida, a sabiendas de que pasarían varios días para que volviera a Iguala. Transcurrieron los minutos, la mujer llegó y emprendieron camino una vez más, ahora sí

llegando a periférico sur. Ya iban de salida, a la altura del último puente de la carretera, cuando también encontraron una barricada. Cerca de 10 patrullas de la policía municipal impedían el paso. De inmediato un estudiante gritó algo como “¡dese la vuelta!”, pero al tratar de regresar otra patrulla se puso de frente. Los obligaron a bajar y les apuntaron, pero con lámparas. “¡No nos alumbren, no somos delincuentes!”, dijo uno. “Nos vale madre”, le respondió un policía. Durante la revisión, los alumnos rompieron filas y echaron a correr. No llegaron muy lejos, porque otra vez las patrullas los acorralaron. Eran municipales de Iguala. El reloj marcaba las 10 de la noche. “¡Ahora sí, pinches chamacos, a ver si tienen muchos huevos!”, gritó un policía, mientras los demás los encañonaron. Los estudiantes se rindieron y bajaron las piedras, pero un policía agarró una y se las aventó, según declaraciones de los alumnos. Los normalistas recogieron las piedras de nuevo, lanzaron todo lo que pudieron y ahora sí lograron salir a pie de la carretera. Se dispersaron en dos grupos de 10, y unos corrieron hacia las primeras casas que encontraron. Tronaban los disparos desde el retén. Una señora, de alrededor de 60 años, abrió la puerta cuando los escuchó. “¡Dejen a los muchachos, no les hacen nada!”, alcanzó a gritar a los policías. Diez normalistas entraron y se quedaron la noche en el patio de la casa. Nadie fue por ellos. Uno envió un mensaje de texto a los otros 10, que se habían ido por la montaña. “No se separen”, decía. Era el mejor consejo que podía dar en ese momento. Según los reportes locales, el informe de Pineda terminó entre las 9 y las 10, al mismo tiempo que los municipales comenzaron a rodear a los estudiantes. Abarca declaró ante autoridades que se fue a su casa a dormir, que encendió el aire acondicionado, cerró las ventanas y no se despertó hasta la mañana del 27. Dijo no saber nada de lo sucedido, y tampoco recibir informe alguno. Sin embargo, varias declaraciones lo contradicen. Entre ellas las de personas que estuvieron en contacto con él, como Lázaro Mazón y Jesús Martínez Garnelo, entonces secretario de gobierno estatal. Consta en el registro telefónico que hubo un total de 35 llamadas salientes de su casa: 10 de su celular, 25 del de su esposa. La última, cerca de las tres de la mañana del día siguiente.

En periférico norte, a las 21:50, al mismo tiempo que sus compañeros encañonaban a los otros estudiantes en el sur, los policías salieron de las pick-up que tapaban el paso y rodearon los autobuses. Por atrás llegaron más patrullas. Eran la 17, la 18, la 020, la 022, la 027 y la 028. Los normalistas actuaron rápido. Cuatro de ellos corrieron hacia una de las patrullas que bloqueaba y la intentaron mover. Uno de tercer año, apodado el Güero y de nombre Ángel, subió al asiento del piloto y tomó el volante. Los demás empujaban, pero no se ponían de acuerdo hacia qué lado moverla. El Güero Ángel logró quitar el freno y avanzar un poco la pickup. Fue entonces cuando los policías tiraron a matar. Las balas pasaron cerca, y algunas hicieron impacto en la propia patrulla. Una fue devastadora: le dio a Aldo Martínez, uno de los estudiantes de primer año, que iba empujando la camioneta, en la parte izquierda de la cabeza. Martínez, de 19 años, cayó de inmediato, pero estaba vivo. En ese momento, relata uno de los sobrevivientes, “nos acalambramos”. Corrieron a resguardarse y Aldo quedó tirado en el suelo, desangrándose. “¡Pidan una ambulancia!”, gritaban los estudiantes. La respuesta no fue la que esperaban. “¡Ahora sí se los va a cargar la chingada!”, dijo un policía. “¡Dejen de disparar!” Otro comenzó a llorar. “Estaba asustado, tenía miedo de que me fueran a matar”, cuenta. Pasó una hora hasta que llegó la ambulancia. Nadie sabe quién la pidió. Aldo no respondía. Seguía vivo, pero apenas. Al día de hoy se encuentra en coma. Unos cuantos metros al sur, 30 policías rodeaban el Estrella de Oro 1568, el último de la fila y que transportaba a Bernardo el Cochiloco Flores, el alumno que coordinaba a los demás. A punta de metralla los hicieron bajar. El ruido era ensordecedor, los policías gritaban, los estudiantes respondían, y los motores de los autobuses seguían encendidos. Los estudiantes del segundo autobús, el Costa Line 2510, estaban escondidos detrás del primero, el Costa Line 2012. No había suficientes municipales para detenerlos a todos. Comenzaba a lloviznar y la calle estaba muy mal alumbrada. En la oscuridad lograron evitar que se los llevaran. Faltaban 10 minutos para las 11 de la noche. Los estudiantes del tercer autobús, el Estrella de Oro 1568, unos 25 o 30, fueron empujados por la policía a la acera opuesta. Ahí los hicieron arrodillarse y poner las manos detrás de la cabeza. Según testimonios, uno

de los policías desenfundó su arma, la pegó a la mejilla de Edgar Vargas, uno de los estudiantes “pelones” de primer año, y jaló el gatillo. Los tiros continuaban cerca de los dos Costa Line: policías de un lado, estudiantes resguardados del otro. Le poncharon las llantas a los vehículos. Ya no había forma de escapar. Uno de los normalistas de nuevo ingreso, escondido detrás del Costa Line 2012, comenzó a tener problemas de respiración. Era asmático y le faltaba aire. Los estudiantes se arriesgaron y volvieron a gritar para pedir ayuda. “¡Está grave! ¡Dejen de disparar!” Otra vez una respuesta similar: “Ustedes se lo buscaron, hijos de la chingada”. Los disparos cesaron minutos después y los uniformados comenzaron a recoger los casquillos que habían percutido. “Como quiera vamos a regresar”, dijo uno.3 Los policías que venían atrás subieron a los estudiantes del Estrella de Oro 1568 a las patrullas. Algunos del Costa Line 2510 echaron a correr. Otros esperaron a que apareciera una ambulancia para llevarse al que no podía respirar. Llegaron medios de comunicación. Un corresponsal de Televisa, un reportero de un diario local, otros de medios estatales, aunque casi nada fue publicado. Los estudiantes que se quedaron comenzaron a explicar lo que sucedía a las grabadoras. El reloj marcaba las 23:10. La calma duraría unos cuantos minutos más. Era el ojo del huracán. En Cocula, poco antes de que la balacera de Iguala entrara en pausa, el comandante Ignacio Aceves recibió una llamada de su superior, César Nava, subdirector y verdadero encargado de la policía, según las investigaciones.4 Aceves estaba en un evento, pero tuvo que salir de inmediato. Nava le dijo que pasara por él, que tenían que ir a la ciudad. Francisco Salgado Valladares, su equivalente en Iguala, necesitaba refuerzos. Para ese entonces, Gildardo el Cabo Gil López, jefe de plaza de los Guerreros Unidos en la zona, y que vivía en un pueblo entre Iguala y Cocula, ya estaba avisado de lo que sucedía. Nava operaba con total tranquilidad en el municipio, bajo el permiso del presidente de Cocula, César Peñaloza, del PRI. Peñaloza no tenía ningún interés en enfrentar al Cabo Gil y su gente, e incluso podría haber colaborado con ellos.

En 2014 la guerra por Iguala estaba en pleno apogeo. Los Rojos, liderados por Santiago el Carrete Mazarí, intentaban hacerse con la plaza. El precio de la amapola iba en aumento, lo que quería decir que el negocio era todavía más lucrativo. En algún punto del año, Gildardo el Cabo Gil López, cuya ocupación oficial es “ganadero” —pertenece, según una credencial, a la Unión Ganadera Regional de Guerrero—, sufrió una pérdida importante: los Rojos mataron a su padre. Según autoridades federales, éste es uno de los motivos por el cual el Cabo Gil López ordenó desaparecer a los normalistas. Al creer que eran miembros de los Rojos, se vengaría de ellos. En el camino de Cocula a Iguala, Aceves y Nava alertaron a otros policías. Pararon en la comandancia y se pusieron equi-po táctico: pasamontañas, coderas, rodilleras, ropa de camuflaje militar distinta a la oficial, posiblemente patrocinada por grupos delictivos y traída de Estados Unidos, según la investigación en curso. En el arsenal de armas decomisadas han aparecido cientos de cartuchos; algunos capaces de tirar un avión, decían las autoridades. Parte del escuadrón abordó las patrullas 303 y 305, con el rótulo del municipio de Cocula, y otros se fueron en las pick-up que no traían marca alguna, pero estaban pintadas de blanco y rojo. Nava, que ya había estado preso en 2012 tras un choque en el municipio cuando trabajaba en una empresa de transporte de valores, había ingresado a la policía de Iguala meses más tarde. Renunció al medio año por no presentar el control de confianza, y fue contratado por la de Cocula. Tenía a su mando a 28 policías, de los cuales la mitad se dirigía a Iguala. Por cierto, según registros administrativos, se encontraba de incapacidad desde el 10 de septiembre. Con torretas y sirenas encendidas, llegaron a toda velocidad al crucero de periférico norte. En el camino pasaron otro autobús que iba en sentido contrario. Era de la empresa Castro Tours. Lo ignoraron. A las 23:15, los policías de Cocula hicieron una segunda emboscada detrás de las patrullas que bloqueaban el periférico. Nadie les podía ver la cara ni identificarlos, pero quedaba claro que no eran los municipales de Iguala. Ellos no dijeron nada. Sólo empezaron a disparar hacia los estudiantes, apoyados por los de Iguala que seguían en el lugar. Dos

murieron en el momento durante la ráfaga: Daniel Solís y Julio César Ramírez. Solís era de Zihuatanejo y tenía 18 años. Antes de ingresar a la normal había vivido con su familia en una casa de láminas de cartón. Ramírez tenía 23 años. Cuando le entregaron el cuerpo a su madre, ella preguntó en voz alta: “¿Cómo voy a hacer para enterrar a mi hijo si no tengo para comer?” Los estudiantes se dispersaron en la dirección que pudieron. La escena parecía de cacería: policías persiguiéndolos por la ciudad, levantando a quien encontraran solo. Veinticinco de ellos corrieron, espantados, perseguidos y cargando a un herido, hacia el hospital más cercano, el Hospital Cristina, en la misma avenida Juan N. Álvarez. Adentro fueron recibidos por dos enfermeras, quienes dijeron que no querían meterse en problemas y que no había médico de guardia para atender a Edgar Vargas, cuya mandíbula estaba destrozada. Los estudiantes rogaron, y uno de los socios del hospital, un doctor, marcó al 066. Pero en vez de pedir una patrulla contactó a la policía estatal, que por órdenes superiores estaba acuartelada en esos momentos y decidió no responder. Entonces llamó a los militares del 27 Batallón de Infantería. Vargas no podía hablar. Sacó el celular de uno de sus bolsillos, y escribió un mensaje para que los demás lo leyeran: “SÁQUENME DE AQUÍ PORQUE ME ESTOY MURIENDO”. Desde hacía unos minutos ya era 27 de septiembre. Con suma celeridad llegaron elementos del batallón, liderados por el capitán Crespo. Los estudiantes —según un ahora testigo protegido— volvieron a pedir atención médica, pero Crespo y su gente no hicieron caso. Los pusieron contra la pared y los revisaron. Les levantaron las camisetas, les catearon los pantalones. Anotaron sus datos y tomaron fotografías. Según los estudiantes, los amenazaron con entregarlos a la policía municipal por estar allanando propiedad privada. Uno se refirió directamente a ellos como “ayotzinapos”, de acuerdo con los testimonios, y les dijo: “Así como tienen huevos para hacer su desmadre, ahora tengan para enfrentarlo”. Al final los dejaron ir y prometieron llamar a una ambulancia, cosa que nunca hicieron. Alrededor de la una de la madrugada los estudiantes se

dieron cuenta de que la ayuda no vendría, y salieron a la calle a buscarla; la encontraron una hora más tarde. Otro grupo de estudiantes fue protegido por un señor que, al abrirles la puerta, les dijo que sabía que la policía “los estaba buscando”. Les dio refugio hasta la mañana. Según el parte militar, el Ejército estuvo al tanto de que esa noche sucedió algo, incluso llegó a entablar diálogo con Felipe Flores, el secretario de Seguridad Pública. Flores dijo, como repetiría más tarde, que no tenía ninguna información. Después de salir del Hospital Cristina los soldados no volverían a intervenir. Los normalistas que escaparon por sí solos no corrieron con suerte. Algunos fueron recogidos por las patrullas. Y otro, Julio César Mondragón, sufrió uno de los peores castigos que puede recibir una persona: alguien lo desolló. Los peritajes dicen que le arrancaron la piel de la cara y de la nariz, y le sacaron los ojos. Algunos normalistas, entre ellos Omar García, un sobreviviente, dijeron que fue por haberle escupido a uno de los policías, tal vez a uno de los de Cocula. A la fecha queda la incógnita de por qué alguien cometería un acto tan atroz. El 26 de febrero de 2015 se anunció que un policía de nombre Luis Francisco Martínez había sido detenido por ser quien, supuestamente, había desollado a Mondragón.5 Después de haber sido ignorado por la policía de Cocula, el autobús de Castro Tours fue cercado por municipales de Iguala. Sin mediar palabra, los uniformados dispararon al camión. No a las llantas, no a los lados. A los vidrios. El chofer, Víctor Manuel Lugo, murió al instante, y uno de los pasajeros a las pocas horas en un hospital. Era un joven de 15 años, David García, delantero de los Avispones de Chilpancingo, equipo de tercera división de futbol profesional. En la refriega volaron tiros en todas direcciones. Los impactos sugieren que los policías tiraron a matar, sin importar la zona o el daño colateral. Un taxi que también circulaba por el periférico terminó agujereado. La pasajera, Blanca Montiel, fue la sexta víctima de la noche. Los policías se dieron cuenta instantes después de que le habían disparado al autobús equivocado. Llamaron a una ambulancia, de acuerdo con registros de emergencias locales.

En algún momento de la noche, tras recibir la información de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía de Iguala, el Cabo Gil López pidió que le llevaran a los detenidos. También se comunicó con Sidronio Casarrubias, otro de los supuestos líderes regional de los Guerreros Unidos. Casarrubias había regresado unos meses antes de Estados Unidos, donde había purgado una pena de ocho años en una cárcel federal. Su hermano, Mario el Sapo Guapo Casarrubias, tomó su lugar hasta que fue detenido en abril de 2014, días antes del regreso de Sidronio. Según declaraciones de este último ante autoridades, el Cabo Gil López dijo: “¡Nos atacan los Rojos!” Sidronio Casarrubias, en palabras similares a las de Abarca horas antes, escribió por mensaje de Blackberry que los detuviera a como diera lugar. Gil contestó que se encargaría de que no quedara nada de ellos. A las 23:21 de la noche, según la fecha en las cámaras de video de la ciudad, una patrulla recorrió periférico a toda velocidad. La caja de atrás iba llena. Aunque la resolución de las imágenes es mala, en ellas se puede ver cómo los policías traían encañonadas a cinco personas en cuclillas. Los detenidos portaban playeras de colores. Una azul, otra roja, una amarilla, otra morada y una vino. Eran normalistas. Todavía no se sabe por qué, pero los estudiantes fueron divididos en dos grupos. El primero estaba compuesto por 10 —tal vez de los que no consiguieron escapar del retén del sur de la ciudad— y el segundo por alrededor de 30 de los estudiantes que iban en el Estrella de Oro 1568. Entre ellos estaba Bernardo, el Cochiloco Flores. El primero iba en dos camionetas de la policía de Cocula —que tenían el rótulo oficial 303 y 306 —, con cinco estudiantes en cada una. Una de esas patrullas es la que se ve en el video de seguridad. Una tercera patrulla, la 305, se quedó haciendo guardia en un punto del camino para evitar que alguien se acercara. Según registros en poder de la PGR, Nava y Salgado se comunicaron para dejar claro lo que tenían que hacer: los 10 normalistas del primer grupo serían llevados a la comisaría de Iguala, en lo que llegaban nuevas órdenes. Sólo estuvieron cuestión de minutos en el lugar; en una nueva comunicación de radio, alguien más —no queda claro quién— les dijo a dónde llevarlos. En cambio, los 30 estudiantes que viajaban en las patrullas de Iguala no pasaron por ahí. Fueron llevados al siguiente punto sin detenerse en el camino.

Guerreros, policías de Iguala y de Cocula, todos estaban en la frecuencia de comunicación. Francisco Salgado Valladares, el responsable de la policía de Iguala, estaba en contacto con un sujeto que hasta ahora sólo ha sido identificado como el Chuky, y que era un mando medio de los Guerreros Unidos en Iguala, bajo las órdenes del Cabo Gil. El Chuky orquestaba la “limpieza” de esa noche. Coordinaba a otros miembros de los Guerreros para que se llevaran las camionetas particulares que habían participado en la balacera de periférico norte minutos antes.6 Según actas ministeriales, en una llamada con Salgado Valladares, el Chuky le preguntó al policía: “¿Dónde voy a recibir los paquetes? Mira, Valladares, déjate de mamadas”. Del otro lado no se sabe qué dijo Salgado, pero la respuesta del Chuky fue “me jalo para Pueblo Viejo”. Pueblo Viejo está en línea recta hacia el oeste de Iguala. Minutos después, pasada la media noche, el Chuky volvió a hablar con Salgado Valladares. “Ya estoy aquí donde quedamos.” Pero no había llegado nadie más. “¿Y por qué vergas se los entregaste a Gil?”, le dijo exasperado a Salgado. La jugada había cambiado, y no se los habían llevado a Pueblo Viejo sino a un lugar llamado Loma del Coyote, en el camino a Cocula y Paraje San Juan, al suroeste. ¿Por qué? No se sabe. Las patrullas llegaron en pocos minutos a Loma del Coyote, que era zona conurbada. Ahí vivía el Cabo Gil. En la entrada de la casa, dos sujetos, Patricio el Pato Reyes y Felipe el Terco Rodríguez, esperaban a los policías de ambos municipios. El Pato tiene una edad similar a la de los normalistas, con pelo lacio corto y un tatuaje despintado en el brazo izquierdo. El Terco también tiene pelo corto, y además un poco de sobrepeso. Los de Iguala llegaron primero, ya que no se detuvieron, y después aparecieron los de Cocula. Todos los normalistas fueron amarrados en el patio. Algunos con cuerda, otros con esposas. No se podían mover. Eran, según el Pato y el Terco, entre 30 y 45 estudiantes; unos del tercer autobús que fue emboscado en el crucero al norte de Iguala, y otros de distintos camiones, que no lograron escapar. A la fecha, la Procuraduría General de la República desconoce el número exacto de normalistas secuestrados, ya que ninguno de los captores los contó con exactitud. Reyes y Rodríguez estaban en alerta desde las ocho de la noche, cuando la comandancia de Iguala avisó por primera vez que los normalistas habían entrado a la ciudad. Ellos también contactaron a su

gente: Jonathan El Jona Osorio, Agustín Cheje García, Salvador el Chava Reza y otros sujetos conocidos sólo por apodo: el Oaxaco, el Primo, el Bimbo, el Memín y el Piercing. Esto según testimonio de los detenidos. Todos ellos se distribuyeron en distintas funciones. El Pato Reyes y el Terco Rodríguez salieron desde la casa del segundo en una camioneta Ford blanca de 3.5 toneladas (de las modelo F-150 de redilas), propiedad del Cabo Gil, rumbo a Loma del Coyote. Los demás iban en una Nissan tipo estaquitas, de las que tienen una caja construida atrás, y que antes había sido reportada como robada. Ambos vehículos normalmente estaban estacionados en casa del Cabo Gil. La última vez que el satélite que alimenta la aplicación de Google Earth tomó fotografías, ahí estaban las dos camionetas. Los policías entregaron a los estudiantes y se fueron. Los de Cocula regresaron a su comandancia, donde, bajo órdenes de Nava, cambiaron, como ya habían hecho en ocasiones anteriores, los rótulos de las patrullas. La gente del Pato Reyes y del Terco Rodríguez comenzó a subir a los normalistas a las camionetas. Uno ya estaba muerto, alguien le había disparado. El resto seguía vivo. Los acomodaron como troncos, en posición horizontal, esto según testimonio del Jona Osorio. Unos encima de otros. La camioneta se llenó y todavía no acababan de subir a los estudiantes. Cinco se fueron en la parte de atrás de la Nissan. Al ser más pequeña la camioneta, no iban recostados. Ambos vehículos tomaron rumbo al sur, en dirección a Cocula. El Terco Rodríguez iba sentado encima de la cabina de la camioneta, vigilando a los estudiantes. Según su relato, los estuvo interrogando, y al único que respondió lo marcó con una equis en pintura de aerosol. Él sería el primero en hablar. Al llegar a una bifurcación, eligieron el camino de la izquierda, una brecha de terracería que termina en un punto a seis kilómetros: un basurero municipal. El camino hacia el basurero, que los locales llaman “hoyo del Papayo”, es una ruta desolada. La brecha es de tierra, y a los lados sólo hay vegetación: la zona es de selva baja. Huizaches y otro tipo de árboles, todos frondosos. Visto desde el aire parece un edredón verde cuya única parte descosida es la vereda hacia el tiradero. Entre las 00:30 y la una de la mañana, las dos camionetas llegaron al punto final. Una llovizna, según el reporte meteorológico de la estación Cocula, a ocho kilómetros del Papayo, empezaba a soltarse. La lluvia duraría cuatro horas

y acumularía siete milímetros de precipitación en total (esto equivale a lluvia ligera). Las camionetas venían flanqueadas por motos. Según la investigación federal, eran alrededor de 16 personas las que traían secuestrados a los estudiantes. La única luz que había era la de los faros de los vehículos. Algunos Guerreros se quedaron atrás en la bifurcación para evitar que alguien más transitara por la brecha. Cada cierto tiempo, alguno de los 14 que estaban en el basurero salía hacia el entronque, porque en el tiradero no había señal de celular. Hablaban con el Cabo Gil López para actualizarlo. El camino al basurero termina abruptamente en un acantilado de 20 metros de profundidad y una bajada de 45 grados de inclinación. No hay barreras, no hay escalones. Es un descenso complicado, y más de noche y con lluvia. Es un socavón natural. En la zona hay varios “hoyos” de este tipo. Las camionetas se detuvieron cerca del borde. Bajaron los choferes y los halcones que iban en moto. De las cabinas también descendieron el Pato Reyes y el Terco Rodríguez. Caminaron hacia las camionetas y las abrieron. Uno a uno fueron sacando a los estudiantes. Primero los de arriba, que todavía estaban vivos, aunque aturdidos, y llenos de miedo, según el Terco Rodríguez. Los hicieron caminar a un costado de las camionetas, donde los formaron.7 Cuando llegaron a las filas de abajo, los captores se dieron cuenta de que había aproximadamente 30 cuerpos sin vida. “Será que iban ahogados”, declaró el Pato Reyes. A ellos los pusieron del otro lado. Los aventaron “como costales”, según su versión. Los casi 15 estudiantes que estaban vivos lloraban y gritaban. El estudiante con la equis marcada, a quien los Guerreros se refieren como el Flaquito, gritó que por qué se los llevaban, si ellos no sabían nada. Con él empezaron. El Pato Reyes fue el que lideró los interrogatorios. “¿A qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Son Rojos?”, fueron el tipo de preguntas que hizo. El Flaquito respondió lo mismo. No sabía nada. Era uno de los normalistas de primer año, parte de la novatada. Las preguntas siguieron y aumentaron de tono. También la manera en que se buscó obtener respuesta. El interrogatorio se convirtió en tortura. Después de unos minutos, el Flaquito no pudo más. “¡Ya, Cochiloco! ¡Diles a qué vinimos!” Se refería a Bernardo Flores, el estudiante de segundo año que los había llevado a

Iguala, y uno de los pocos que tenía el pelo largo. Los captores se fueron con él. Mismas preguntas, pero de forma todavía más violenta. De los bolsillos, según el Cheje García, le sacaron “varios tiros”, casquillos que había recolectado horas antes como evidencia de que los había atacado la policía. “¿Por qué las traen?”, le preguntaron. “¿Eres Rojo? ¿Eres Rojo? ¿ERES ROJO?” Flores se quebró. Llovía, estaba hincado, rodeado por 16 Guerreros y con armas apuntándole de todas direcciones. Junto a él los cuerpos de sus compañeros, asfixiados. “Sí, sí soy.” El Pato Reyes lo obligó a nombrar a sus supuestos cómplices. Flores señaló a alguien más. No se sabe a quién. Uno por uno, los Guerreros mataron a los estudiantes. Eran cerca de las dos de la mañana. El Pato Reyes y el Terco Rodríguez comenzaron a dar órdenes. A unos los mandaron por diesel y gasolina en las motos, entre ellos al Cheje García. García tiene cerca de 19 años y es muy flaco. Según sus declaraciones, acostumbraba trabajar a esas horas: su horario de halcón era “de 10 a cinco de la mañana”. A otros les pidieron que agarraran los desechos del basurero. Junto a los cuerpos de los estudiantes sólo había basura inorgánica, bolsas, plástico, y muchos bidones que probablemente hubieran contenido precursores químicos de laboratorios cercanos. Al borde del basurero había un saco de croquetas amarillo que anunciaba “25% más”. Entre cinco y 10 personas (el Duva, el Rana, el Memín, entre otros) fueron levantando los cuerpos. De arriba los lanzaban y abajo, donde habían hecho una pira con ramas, los recibían, según el Jona. Los fueron acomodando al igual que en la camioneta: en pilas amontonadas, cuerpo sobre cuerpo. Tres metros en total de altura, en un área de cerca de 140 metros cuadrados.8 Ya que regresaron los motociclistas con el combustible, los rociaron y después los rodearon con llantas, madera, plásticos. Según información de la PGR, no era la primera vez que esto sucedía, y la técnica era parecida a la que utilizan los Zetas en Tamaulipas. Alguien la había importado del norte. Tal vez un cerillo fue suficiente. El Jona Osorio veía la flama para arriba. “La lumbre era bien alta”, describió. Salió una columna de humo. El Pato Reyes y el Terco Rodríguez decidieron los turnos. El Pato dijo haber ido a Cocula cerca de las dos de la mañana por más diesel, que le entregaron los municipales. Regresó a entregar el combustible, pero declara no haberse quedado.

Los que más tiempo estuvieron alimentando las llamas fueron el Bimbo y el Cheje García. El Terco se fue a dormir un rato y después regresó con cervezas. El fuego duró hasta la tarde del día siguiente, según las personas que participaron. Cuando se acercaron a levantar los restos, todavía no los podían tocar, seguían a temperaturas muy altas. Según los reportes periciales habían alcanzado una temperatura pico por encima de los 1 600 grados. En el suelo había una mancha azul, y en la pared de la fosa, según los mismos peritajes, piedras fracturadas por la alta temperatura. Los cuerpos de los estudiantes estaban carbonizados. El Jona dijo que esperaron entre dos y tres horas más. Alrededor de las cinco de la tarde, el Terco Rodríguez regresó con 16 bolsas industriales de basura de hule tamaño jumbo —juntas de dos en dos para hacer bolsas dobles—, “de las más grandes que hay”. El Duva le ayudó a recoger los restos. La orden era machacar lo que no se hubiera desecho. Lo hicieron con palas. Dijeron haber echado tierra encima, para que se enfriaran todavía más. Subieron las bolsas a las mismas camionetas utilizadas la noche anterior. El Cheje García había regresado después de ser relevado, una vez que habían llenado las bolsas a la mitad. Preguntó qué llevaban adentro. El Duva le dijo que eran los restos de los levantados la noche anterior. El Cheje dijo que soltó la bolsa que iba cargando. “Me dan miedo los muertos.” Una vez que llegaron a la bifurcación, las camionetas tomaron el otro sendero, el que lleva a Paraje San Juan y a Cocula. Junto al camino corre un río de no más de 30 centímetros de altura, también llamado San Juan, que desemboca en el Balsas y después en el Pacífico. Donde el río más se acerca a la brecha, ya a unos metros del primer poblado, hay un claro en el que se puede observar el agua desde el camino. Ahí, junto a un palo que tenía una botella de refresco al revés como marcador, comenzaron a arrojar las bolsas. Eran ocho, y según las declaraciones del Cheje García, cada una pesaba cerca de cinco kilos. El Cheje dijo que había una más pesada que las demás, porque contenía restos menos pulverizados. Las primeras bolsas se fueron flotando de inmediato, y algunas aparecieron un mes después a unos 20 metros, abiertas, en el lecho del río. Una nunca flotó. Se hundió en el lugar exacto donde fue arrojada. “Los hicimos polvo y los echamos al agua”, decía el pin (mensaje) de Blackberry que le envió el Cabo Gil a Sidronio Casarrubias el 27 de

septiembre. Al momento de llevar este libro a imprenta el Cabo Gil sigue prófugo, así que es imposible saber en qué instante —si es que lo hizo— se dio cuenta de que los estudiantes no eran en verdad miembros de los Rojos. Según las declaraciones de Sidronio Casarrubias, casi 20 días después de lo ocurrido, él seguía sosteniendo que los normalistas llevaban a 17 “rojos” infiltrados. No se sabe, a la fecha, de dónde obtuvo el número. No hay datos para afirmar que esta suposición sea verdad. Pero algo parece haber cambiado, según las autoridades. En declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber, el halcón detenido por la Fiscalía de Guerrero, el Cabo Gil y sus subalternos acostumbraban tomar fotografías de cada persona que secuestraban. Cuando los municipales de Iguala los llevaban a Loma del Coyote, los Guerreros torturaban a los detenidos hasta conseguir la información que buscaban. Las fosas a las que llevó Ríos Berber a los policías estatales cuando iniciaban las pesquisas estaban a pocos kilómetros de la casa del Cabo Gil, y ahí se encontraron más de 30 cuerpos, ninguno hasta ahora relacionado con lo ocurrido la noche del 26. Todas esas personas fueron fotografiadas antes de morir, como parte de un expediente en el celular de Ríos Berber. Él tomaba datos y apuntaba a quién mataban y por qué. Cuando lo interrogaron, señaló a cada uno de los fotografiados y explicó por qué lo habían matado. A uno por traer armas sin que supieran los Guerreros. A otro por llevar droga escondida en el coche. A uno más porque supuestamente había violado a una menor de edad, cosa que no toleraban. A diferencia de los métodos acostumbrados, en esta ocasión no se encontraron celulares que funcionaran o fotografías de los normalistas antes de morir. No hay registro documental alguno de los Guerreros Unidos esa noche, sólo sus declaraciones. Las camionetas Nissan y Ford que utilizaron, por ejemplo, no tienen rastro de sangre, ropa o cabello. Quedaron limpias antes de que las analizaran los peritos, según la procuraduría. Es por ello que las autoridades sospechan que el Cabo Gil se dio cuenta de lo que había hecho: ordenar la muerte de 43 estudiantes, no 43 rojos. Sostienen que intentó borrar las huellas de lo sucedido en Cocula. En Iguala, cerca de las cinco de la madrugada, ya que no había un solo ruido en la ciudad, los estudiantes comenzaron a comunicarse por mensaje. “¿Dónde andan?”, escribió uno de los que se escondió en la casa

de la señora por periférico sur. Otro le contestó que estaban junto al Walmart, a pocos kilómetros. Varios se habían quedado sin crédito de celular. Comenzaba a amanecer, tal vez con luz habría menos peligro. Un testigo protegido narra que los estudiantes salieron, y se encontraron con los otros normalistas afuera del Walmart. Media hora más tarde pasó una patrulla y se estremecieron. Se bajaron policías, pero no eran municipales. Eran ministeriales del estado. Les dijeron que tenían a otros compañeros suyos en la delegación local de la procuraduría y que “ya se había calmado el problema”. Allá los llevaron. A algunos les pidieron que vieran si podían identificar una foto que circulaba en redes, en la que aparecía una persona sin cara. Dijeron que sí. Era Julio César Mondragón el Chilango, quien se había perdido durante la segunda balacera. Lo habían encontrado afuera de la distribuidora de refrescos de la ciudad. Supieron que era él por la bufanda y la camiseta que llevaba. Otros recorrieron la zona con funcionarios locales de derechos humanos y con los ministeriales. Cerca del crucero de periférico norte encontraron casquillos. Un normalista le preguntó al policía de qué tamaño eran. El ministerial respondió que se trataba de “cartuchos de arma larga”. Durante todo el día, los estudiantes permanecieron en Iguala, declarando ante los funcionarios del estado. De los cerca de 110 que habían llegado en la noche —en los tres auto-buses más las dos camionetas que arribaron después— faltaban 57. Siguieron buscando, y algunos que estaban escondidos en otras partes de la ciudad fueron apareciendo entrada la tarde. Al ponerse el sol todavía no encontraban a la mitad. A pregunta de los estudiantes, los ministeriales dijeron que habían contactado a la policía de Iguala, pero que negaba que hubiera sucedido algo. Ni un solo reporte. Después los ministeriales dijeron a los normalistas que los llevarían de regreso a Tixtla. Muchos tenían miedo, pensaban que podía repetirse la noche anterior, en especial porque ya estaba oscuro. José Luis Abarca permaneció en Iguala durante los siguientes cuatro días. La mañana del 27 de septiembre dio entrevistas a medios de comunicación. La palabra que más utilizó fue “consternado”. El 28 la

procuraduría estatal detuvo a 22 de sus policías. El 30, tras un breve discurso en el ayuntamiento, Abarca pidió licencia y desapareció. Nadie supo de él durante un mes. Según lo declarado ante autoridades, Abarca dijo que se subió con María de los Ángeles Pineda a uno de sus automóviles y entró manejando a la ciudad de México como cualquier turista más. Llegó a comer a casa de su hija en el sur, en la delegación Tlalpan, y ahí pasó los días siguientes. Después se mudó a otra de sus propiedades en Las Águilas, y de ahí, cuando el cerco parecía estrecharse, una amiga de su hija los escondió en Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa. A la pregunta de por qué se fue de Iguala, Abarca declaró que él “no se le había negado a nadie”, y que sólo había desaparecido del mapa porque su abogado se lo había sugerido, en lo que se calmaban las cosas y “le conseguía un amparo”. Al ser detenido, dijo haberse querido entregar. Por lo pronto, espera juicio por los dos homicidios de 2013 que le imputan, así como por los seis de la noche del 26 de septiembre. Las patrullas de los ministeriales y las camionetas llegaron a Ayotzinapa cerca de las 11 de la noche del 27. Adentro viajaban los sobrevivientes. Otros llegarían horas y días después a la escuela, con miedo a reaparecer tras de lo que habían vivido. Muchos desertaron o sus padres les prohibieron regresar a la escuela. Temían que algo les fuera a suceder. Al bajar de las patrullas y de las camionetas en Ayotzinapa, los normalistas fueron rodeados por familiares y compañeros. Varios lloraron. Otros seguían en shock. Muchos padres, madres, hermanos y hermanas se juntaron alrededor de los estudiantes. Preguntaron por los suyos, porque eran pocos los que habían regresado. Cerca de 50 de un total de 110. Algunos intentaron explicar lo que había ocurrido, pero sólo tenían fragmentos del terror de la noche del 26. Pasarían cuatro días para saber con exactitud cuántos compañeros seguían desaparecidos: 43. Faltaba que la parte más horrible de la historia, el destino de esos 43, saliera a la luz.

EL TERCO El municipio de Tetecala, Morelos, está a 40 kilómetros de Cuernavaca y a 10 de la frontera con el estado de Guerrero. Tiene poco más de 7 500 habitantes y 50% de ellos vive en la pobreza, según la Secretaría de Desarrollo Social. Veinticuatro por ciento de las personas de Tetecala vive en casas sin servicios básicos y 21% tiene carencias de acceso a la alimentación. En náhuatl, Tetecala quiere decir lugar de casas de piedra.1 Cocula, Guerrero, es un municipio en peores condiciones que Tetecala. En Cocula, de aproximadamente 15 000 habitantes, 70% de la población es pobre, 41% vive sin servicios básicos en sus hogares y 30% tiene problemas de acceso a la alimentación. En náhuatl, Cocula quiere decir lugar de riñas o discordias. En este sentido, Cocula es un municipio típico de Guerrero. En ambos municipios se ha disparado la violencia en tiempos recientes: las tasas de homicidios en Tetecala y Cocula están muy por encima de la media nacional. En Tetecala hay cerca de 150 asesinatos por cada 100 000 personas, en Cocula cerca de 80. Recordemos que el promedio en México, según las cifras más recientes, es de 16.5.2 Es entre estos dos lugares que Felipe Rodríguez Salgado, conocido en la prensa como el Cepillo y por sus amigos como el Terco, ha pasado la mayor parte de su vida. Entre la miseria y la violencia. Rodríguez, detenido el 16 de enero de 2015, es acusado de ser el último eslabón de una cadena siniestra: aquel que supervisó la quema de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 de septiembre. El cargo en su contra es de secuestro agravado, y en caso de ser declarado culpable podría ser sentenciado hasta 140 años en prisión por cada víctima, 6 020 años en total.3

Felipe Rodríguez se mudó de Tetecala a Cocula en la infancia. En Cocula cursó secundaria y preparatoria, aunque tiene un nivel de lectura deficiente. Cuando se le pide que lea la información de un documento, lo hace con mucha dificultad y dice que “no sabe leer”. Eso sí, tiene un perfil en Facebook. En Cocula hay poco trabajo; los caminos se reducen casi a tres. Estudiar para convertirse en maestro —como la esposa de Rodríguez, que da clases de secundaria en un pueblo cercano a Chilpancingo—, irse a Estados Unidos —como su hermano, que vive en Iowa— o convertirse en miembro de un cártel —como él—. Su hermano se fue hace unos años, cuando la Familia Michoacana controlaba el municipio. Las autoridades locales se hacían de la vista gorda, y la única ley que reinaba era la que impartía Nazario el Chayo Moreno. El hermano de Rodríguez se peleó con alguien que estaba conectado. Huyó al día siguiente con el poco dinero que tenía, y llegó a la frontera. Al tiempo que intentaba cruzar, los sicarios de la Familia tocaban la puerta de su casa. Rodríguez recuerda que le dejaron un mensaje: si regresaba a Cocula lo iban a matar. Entre la falta de trabajo y la amenaza de la Familia, Rodríguez aceptó la oferta que le hizo un compañero de secundaria, Patricio el Pato Reyes: los Guerreros Unidos, un nuevo cártel, iban a recuperar la plaza. Los Guerreros, que antes fungían como brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva, se habían fortalecido tras la muerte de Arturo el Barbas Beltrán en 2009. Ahora buscaban controlar la distribución de opio y metanfetaminas en la zona. Pero al oeste estaba la Familia, y al norte y al este los Rojos, con quienes habían trabajado bajo los Beltrán. “Yo acepté porque querían matar a mi hermano”, dice. Los Rojos y los Guerreros Unidos han estado en guerra abierta desde entonces. Rodríguez empezó desde abajo, como halcón. El sueldo era de 5 000 pesos al mes, pero no tenía que hacer mucho para ganárselos: pararse diario en una esquina de Cocula con un radio y reportar si sucedía algo extraño. Ni pistola portaba. En el pueblo había entre seis y ocho halcones. Ya no recuerda a todos, aunque no ha pasado ni un lustro desde esos tiempos. Habla del Kikis, “que ya no está”, y del Duvalín y el Wereke, quienes todavía son parte de los Guerreros, y de hecho están acusados por la Procuraduría General de la República de haber participado en los hechos del 26 de septiembre.4 Le pagaban en efectivo, era parte de “la nómina”,

como él dice. el Pato repartía el dinero entre los halcones, cuya labor era estar atentos por si alguien de la Familia se aparecía. Se le pregunta a Rodríguez quiénes son ellos, qué es la Familia, qué los distingue de los Guerreros. “La Familia robaba camiones de coca [CocaCola], se llevaba a niños, extorsionaba y secuestraba”, relata. “Los Guerreros siempre quisimos hacer las cosas bien”, dice. “Nunca nos dieron órdenes de pasarnos de lanza; matamos a puro culpable, nunca a ningún inocente.” Tradicionalmente, el concepto de “narcocultura”, desarrollado —entre otros lugares— en el documental del mismo nombre, dirigido por Shaul Schwarz (2013), exalta el papel del narco en la sociedad. La riqueza, la opulencia, las armas, son objeto de orgullo criminal y del ideal de aquellos que quieren emularlos. La vida en el cártel es una forma de salir de la pobreza y de ser “alguien” en la comunidad. En Narco cultura, Schwarz sigue la carrera de Edgar Quintero, un mexican-american, vocalista del grupo Buknas de Culiacán. Quintero, que vive en California, escribe canciones por encargo (narcocorridos) para las células locales de Estados Unidos. Le pagan en cash y le dicen qué escribir. Los exalta. Cada muerte es un triunfo. En sus conciertos sale al escenario con un cuerno de chivo en la espalda, y los balazos se escuchan al iniciar la canción. La gente la corea de memoria. Los narcocorridos son himnos (de hecho, uno de los productores detrás de la música de los Buknas dice que van camino a ser el próximo hip hop en términos de popularidad). Quintero viene a México y ve la opulencia de primera mano. Pistea en reverencia frente a la tumba de un narco, un mausoleo en uno de los cementerios de Culiacán. El fin de una vida corta es el recuerdo eterno a través de las propiedades. Para algunos la meta es ser el muerto más rico del panteón. Los Buknas son sólo uno de tantos grupos que participan en la romantización del narcotráfico. También son criticados porque escriben desde afuera, sin conocimiento real de lo que idealizan. Quintero, hasta el viaje que realizó durante el rodaje del documental, casi no había puesto pie en México y menos en Sinaloa, en parte, irónicamente, por su seguridad. Los narcotraficantes pueden ser vistos como aquellos “inmóviles” en la estructura de clases, como dice Eric Hobsbawm en su clásico

Bandidos,5 cuya salida de lo más bajo y su ascenso se encuentra en la ilegalidad y el dinero fácil. No obstante, la realidad puede ser muy distinta a la que pintan los Buknas. Así como hay quienes llegan a líderes y se hacen millonarios, también están los miles de soldados de a pie como Rodríguez, cuyo sueldo mensual y lugar en el organigrama de los Guerreros lo convierte en alguien de medio pelo. A la par de la imagen externa, utilizada para resaltar el poderío y la idea de “respeto” del cártel y del narco —como individuo— dentro de la comunidad, está el código interno: para algunos no se trata de matar por matar, sostienen, sino de la defensa “de los suyos” frente a los otros. Es el caso de la Familia Michoacana y después de los Caballeros Templarios, que repartían panfletos con su “código” en el territorio que controlaban. En el código de los Caballeros, por ejemplo, se resaltaba una promesa que incluía las siguientes frases: “Juro y prometo combatir siempre en protección del oprimido […] Juro combatir la injusticia y socorrer a mi prójimo…”6 Rodríguez enfatiza que, cuando se daban cuenta de que uno de los detenidos por los Guerreros Unidos era inocente “nos disculpábamos y le invitábamos una cerveza”, pero la “justicia” narca puede ser extrema: en una especie de cultura torcida de la legalidad, el cártel de los Guerreros Unidos es capaz, según lo dicho por varios de sus integrantes, de mutilar, torturar y matar sin mayor miramiento en caso de creerlos culpables. A los pocos meses, entre las muertes de sus compañeros y las deserciones, Rodríguez fue promovido. Pasó de ser halcón a “tirador”. Su sueldo subió 200%. Ahora ganaba 15 000 pesos al mes. Compró gallos de pelea. Pero para ser “tirador” primero tenía que aprender. Su maestro, dice, fue el Chuky. Primero con una pistola nueve milímetros y después con un cuerno de chivo. Aunque agrega, seco, “nunca he matado a personas”.7 Como lo relata, su trabajo era similar al de un supervisor en una empresa. Él “cuidaba a los chavos” (a los halcones), y les distribuía la nómina: 90 000 pesos al mes, también en efectivo. El Pato ya no era su jefe, sino su empleado. Los fines de semana, los Guerreros Unidos jugaban futbol en las canchas locales de Cocula. Tenían su propia liga y varios equipos.

Rodríguez dice que se lastimó la rodilla en uno de los partidos. Nadie lo atendió y nunca quedó bien. Hasta la fecha cojea al caminar. Rodríguez se casó en 2014, y tuvo una hija al poco tiem-po. Su esposa, originaria de Cocula, no vivía ahí. Es maestra de secundaria en un poblado cercano a Chilpancingo. Se veían sólo los sábados, ella viajaba en la mañana a Cocula y se regresaba al otro pueblo esa misma noche. Rodríguez se queda callado cuando se le pregunta qué opinaba ella de su trabajo. Le preguntan que si sabe por qué fue detenido. “Por los ayotzinapos”, responde, enojado. Comienza a narrar lo sucedido “un jueves”, dice. No recuerda la fecha exacta. “Tiene como cuatro meses.” Cuando los Guerreros Unidos expulsaron a la Familia, los Rojos fueron los siguientes en intentar tomar el control del norte guerrerense. Ya eran dueños de Morelos, pero les faltaba la entrada a la zona más importante: la sierra, donde se cultiva opio. Para Rodríguez, los Rojos y la Familia eran idénticos. Nada los diferenciaba. “Los Rojos secuestran, extorsionan, violan”, dice. Elabora un poco: “Son un cártel que está entre Chilpo [Chilpancingo] y Chilapa”. Dice que después del 26 de septiembre aprendió que su líder era alguien a quien le dicen el Carrete, pero no agrega más. Ese jueves por la tarde, recuerda, “estaba pisteando” con el Chereje, el Wereke y el Wasa, cuando les llegó una llamada del Fercho, uno de los ayudantes de Gildardo el Cabo Gil López, a quien se le acusa de ser el jefe de plaza de los Guerreros. El Fercho le dijo a Rodríguez por teléfono que le iban a entregar “unos paquetes”, o unos detenidos, parte de “los contras”, los Rojos. Rodríguez, después de torturar a los estudiantes, le dijo al Pato que les “diera piso”. Se fue a dormir a su casa. Narra el recuerdo de la orden con total tranquilidad.8 Hasta la fecha sigue sin quedar claro por qué los Guerreros Unidos pensaron que los estudiantes eran miembros de los Rojos. Según Rodríguez, uno de ellos se lo dijo mientras viajaban en la camioneta hacia el basurero de Cocula, pero no hay forma de confirmar sus dichos. Según Sidronio Casarrubias, fue el Cabo Gil López quien le dijo que los estudiantes eran parte del cartel rival. Éste sigue prófugo, así que al día de hoy es imposible determinar qué dio pie a esta posible confusión. Pero

algo es claro: los Guerreros Unidos estaban convencidos de que los normalistas eran Rojos, y actuaron en consecuencia. Vale la pena aclarar que, salvo los dichos de Casarrubias y Rodríguez, ni autoridades ni medios han presentado evidencia alguna de que los normalistas estuvieran vinculados con un cartel. Incluso, el procurador Jesús Murillo Karam, durante una conferencia de prensa, hizo énfasis especial en que la PGR no tenía evidencia para vincular a estudiantes y narcotraficantes. Al día siguiente del basurero, y ya que los Guerreros habían cumplido su misión, Rodríguez fue a avisarle al Cabo Gil y a César Nava lo que habían hecho. Después regresó a su casa a dormir. Su esposa no estaba, era viernes. Fue la última vez que durmió en Cocula. La policía estatal llegó pronto y la zona se convirtió en un hervidero. Cada quien escapó por donde pudo. Rodríguez habló con el Wereke y los dos se fueron hacia Cuernavaca. Traía 5 000 pesos, sus ahorros. En Cuernavaca se juntaron con el Piquetes, un conocido del Wereke que también iba para el norte. Cada quien pagó 1 900 pesos y se subieron a un autobús hacia Ciudad Acuña, en la frontera entre Coahuila y Estados Unidos. Allá se pusieron en contacto con un pollero. Rodríguez le marcó a su hermano en Iowa, que trabajaba de vaquero. Ése era su destino final. El pollero los botó a la mitad del desierto, y los tres tuvieron que caminar el resto del viaje. Pero algo pasó: aunque el Wereke y el Piquetes traían buen paso, Rodríguez se fue rezagando. La rodilla se le “llenó de agua”, relata. Ya no podía avanzar. Rodríguez se quedó varado, hasta que fue recogido por una camioneta de la Border Patrol. Pasó los siguientes 15 días en un centro de detención; después fue deportado y terminó en Caborca, Sonora, a miles de kilómetros de donde había cruzado. Ya no volvió a saber del Wereke y el Piquetes, si lograron seguir, si los detuvo la migra o si no sobrevivieron. Desde Caborca le marcó a su hermano para avisarle que lo habían regresado. El hermano le envió 3 000 pesos, y con eso viajó a la ciudad de México. Ahí se quedó con el amigo de un amigo, a quien conocía a través de las peleas de gallos. Estuvo “unos días” y después se fue a Jiutepec, Morelos, a unos 100 kilómetros de Cocula. Miles de federales lo buscaban, las protestas por la desaparición de los 43 normalistas se expandían por

todo el país y Felipe el Terco Rodríguez regresó a las trincheras como si nada hubiera sucedido.

EL FUEGO La primera investigación oficial sobre lo sucedido en Iguala comenzó el 27 de septiembre, cuando funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) llevaron a los estudiantes por la ciudad para intentar reconstruir lo sucedido la noche anterior. Ese mismo día los estudiantes identificaron el cuerpo de uno de sus compañeros, Julio César Mondragón Fontes, en una foto. Al principio se declaró que 57 normalistas estaban desaparecidos; no fue sino hasta el día 30 que la cifra se estableció en 43.1 El 28 de septiembre, familiares de los normalistas entraron al cuartel del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, para buscar a sus hijos. Lo hicieron acompañados de funcionarios de la Fiscalía de Guerrero y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los familiares pidieron visitar “las celdas de detenidos”, pero el Ejército les dijo que en el cuartel no había tal cosa. Estuvieron casi ocho horas sentados en uno de los patios del cuartel mientras los funcionarios buscaban. Les dijeron que no encontraron a los estudiantes.2 El secretario de Seguridad Pública del municipio, Felipe Flores, huyó de la ciudad ese 30 de septiembre,3 al igual que su primo, José Luis Abarca, quien pidió licencia y también desapareció. En un video del evento se puede ver cómo Abarca abandonó el palacio municipal casi corriendo; minutos después llegaron al lugar patrullas ministeriales del estado.4 Antes de huir, Flores le dijo a funcionarios estatales y a los estudiantes sobrevivientes que no tenía registro de ninguna balacera en Iguala, y que no había ningún detenido por algún evento del 26 de septiembre.5 El gobierno federal, por su parte, prometió ayudar al estado, pero declinó tomar la investigación en un inicio. En un mensaje el 1° de octubre, Enrique Peña Nieto le pidió al entonces gobernador Ángel Aguirre que “asumiera su responsabilidad”.6 También sugirió que lo ocurrido era un hecho aislado.7

Para el 4 de octubre, la Procuraduría General de la República anunció que atraería la investigación. Un día después, la fiscalía local, a cargo de Iñaky Blanco, presentó sus primeros y únicos resultados. El Congreso de Guerrero, por su parte, votó el desafuero de Abarca. Blanco dijo que 22 policías municipales habían sido consignados por cuatro de los seis homicidios de la noche del 26,8 y dio a conocer la captura de Marco Antonio Ríos Berber, acusado de ser halcón de los Guerreros Unidos. Ríos Berber, tras ser detenido, llevó a los agentes de la fiscalía a un conjunto de fosas en Loma del Coyote, a unos kilómetros de la casa del Cabo Gil López. En esas fosas aparecieron 30 cuerpos en distintos estados de calcinación. La fiscalía dio a entender que los cuerpos podrían corresponder a algunos de los estudiantes desaparecidos. A petición de los familiares de los normalistas, a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el mismo 5 de octubre llegó a Guerrero el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La procuraduría, tras hablar con ellos, aceptó incorporarlos en la investigación. El EAAF, conocido por su trabajo en la identificación de restos de personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia” en Argentina, estuvo a cargo de una investigación complementaria al trabajo de la PGR.9 La fricción entre el EAAF y la PGR comenzó pronto. Para el 8 de octubre, los peritos argentinos dijeron ante medios que el gobierno obstruía su trabajo al no permitirles recabar muestras de los cuerpos encontrados en las fosas.10 La PGR inició su propio análisis, pero antes de poder dar a conocer los resultados sobre el ADN de los cuerpos, el gobernador Aguirre se adelantó y el 11 de octubre dijo que no correspondían a los normalistas.11 Nueve días más tarde, el 20 de octubre, el padre Alejandro Solalinde declaró en público que “testigos” le habían informado que los 43 estudiantes habían sido quemados en “una pira de madera”. La procuraduría no lo recibió cuando fue a ofrecer la información por ser fin de semana.12 El 29 de octubre, Agustín el Cheje García, tras ser detenido por la Policía Federal, llevó a los agentes del ministerio público al río San Juan, donde fueron encontradas ocho bolsas con ceniza y restos de huesos. El anuncio lo hizo el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre, nueve días después.13 Fue en esa conferencia de prensa cuando se dio la primera información oficial sobre lo sucedido con los 43

estudiantes: la hipótesis más fuerte según la PGR era que los cuerpos habían sido quemados en el basurero de Cocula. Cabe resaltar que el fundamento principal eran las declaraciones de los detenidos. La PGR también reveló que enviaría los restos encontrados en el río al Instituto de Medicina Legal de la Medizinische Universität Innsbruck, en Austria, la Universidad Médica de Innsbruck, cuyo Departamento de Genética Forense se especializa en técnicas pioneras de análisis de ADN. Ese día, el presidente Peña Nieto recibió a los familiares de los estudiantes. Al igual que Felipe Calderón en su visita a Ciudad Juárez tras la masacre en Villas de Salvárcar,14 los padres de familia le recriminaron la actuación federal. Tras darse a conocer el video de la reunión, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que todo había sucedido en un marco de respeto, al grado que el gobierno hasta sándwiches había ofrecido a los padres. Entre noviembre y diciembre aumentaría la tensión entre el gobierno federal y los familiares. El 4 de diciembre regresaron los primeros resultados de Innsbruck; la PGR los compartió con los peritos argentinos y fueron ellos quienes informaron a las familias al día siguiente: del material obtenido de las bolsas en el río San Juan se había podido identificar que un hueso era de Alexander Mora Venancio, de 19 años, y uno de los 43 desaparecidos.15 El 6 de diciembre, el procurador dio el parte oficial: el ADN recuperado de un fragmento de hueso de aproximadamente cuatro centímetros por cuatro tenía el 99.99999999% de probabilidades de pertenecer a Mora, dado el análisis hecho con el ADN de su hermano y su padre.16 El hueso fue consumido en su totalidad al realizar el estudio. El 7 de diciembre los peritos argentinos emitieron su propio comunicado,17 en el que levantaban dudas sobre la investigación de la procuraduría. Tenían dos objeciones en particular: no estuvieron presentes cuando los peritos mexicanos abrieron las bolsas que contenían los restos, por lo que no podían garantizar su origen; ellos vieron los restos por primera vez ya que estaban sobre una mesa bajo custodia de la PGR. La segunda objeción fue que “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR y en parte por el EAAF, correspondan a aquéllos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por PGR. Se recuperaron restos humanos quemados y calcinados tanto en el río San

Juan como en el basurero de Cocula. La evidencia que une a ambos sitios por ahora, es esencialmente testimonial…”18 Cabe señalar que es el último comunicado del EAAF hasta la fecha y todavía no ha elaborado un reporte final de su investigación. El eco no se hizo esperar. Jorge Antonio Montemayor —físico que enseña las materias Termodinámica I y II en la Facultad de Ciencias de la UNAM —,19 y Pablo Ugalde —ingeniero metalurgista de la UAM-Atzcapozalco— dieron una conferencia de prensa el 11 de diciembre, en la que acusaron de “imposible” lo dicho por el procurador respecto a lo sucedido con los estudiantes.20 Según lo expuesto por Montemayor, que tomó como base la elaboración de las piras utilizadas en la India para ceremonias funerarias, se requerirían 33 toneladas de madera para incinerar 43 cuerpos, así como 53 kilos de combustible por persona para incendiarlos si hubiese sido en un crematorio.21 De acuerdo con el profesor, en caso de que el incendio hubiera sido generado por llantas, serían necesarios casi 1 000 neumáticos, por lo que los restos del incendio pesarían más de 300 kilos. Para calcular el área del incendio, Montemayor utilizó una fotografía publicada en el semanario Proceso; a partir de ella concluyó que su diámetro —la distancia entre dos puntos extremos en un círculo— era de ocho metros. La PGR no respondió directamente a lo dicho por Montemayor, pero en una segunda conferencia de prensa el 27 de enero de 2015,22 cuatro meses después de la desaparición de los estudiantes, presentó un video con declaraciones de los últimos detenidos e incluyó un breve resumen de los peritajes científicos que utilizó para sustentar la teoría de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados. En la conferencia el procurador Murillo Karam también informó que, para efectos legales, la PGR consideraba que los estudiantes habían muerto la madrugada del 27 de septiembre en Cocula. Para el procurador había pasado de ser una hipótesis a una certeza. Los peritajes a los que Murillo Karam hizo referencia fueron los siguientes:23 Un dictamen del 10 de noviembre de 2014, con el folio 80176, emitido por los peritos especialistas en incendios y explosiones de la PGR. En el documento se mide el cráter donde ocurrió el incendio —el socavón natural adyacente al basurero— y se establece que es de 500 metros

cuadrados. También se mide el “contorno rectangular producto de interacción humana” —el área delimitada para montar la pira—: 140 metros cuadrados. El diámetro del espacio sería casi tres veces más de lo calculado por Montemayor. Los peritos también dijeron que en el cráter hay “varias rocas con impacto térmico” y “neumáticos con daños severos por fuego directo”, así como “fragmentos metálicos y cuerdas metálicas”, y hollín. Alrededor había caucho, plástico, aluminio, fierro y acero, todos con restos de fuego. Al recolectar los restos del área delimitada, encontraron restos de “sustancias contenidas en acelerantes”, en particular hidrocarburos. El dictamen señala que el suelo tiene “cambio de tonalidad de la planicie de marrón a negro” en el lugar donde se dice sucedió el incendio, lo cual es “causado por combustión de combustibles con alta energía calórica”: diesel o gasolina. Por cómo se esparció el fuego pudieron concluir que el viento iba de norte a sur, y que hubo un “corte de vegetación” en esa dirección. Según los peritos, el fuego pudo haber iniciado con un cerillo o encendedor, porque la madera y los neumáticos tienen un “punto de ignición muy bajo”. Los neumáticos, de acuerdo con sus afirmaciones, llegan a una temperatura “comparable o superior incluso al carbón de buena calidad”. El peritaje con folio 84549 establece que en la zona había “restos de carbonato de calcio”, o piedra “calcita”, obtenida tras la calcinación de la piedra caliza. El cambio de un tipo a otro se da, dijeron los peritos, a los 896 grados centígrados. Basado en esto, concluyeron que hubo altas cantidades de humo. El mismo documento sostiene que se encontraron “restos de acero y aluminio fundido”. Para llegar a esa condición, dice el peritaje, es necesario que haya habido una temperatura mayor a los 700 grados centígrados. También encontraron cuerdas metálicas de llanta en la misma condición; éstas se funden a los 1 400 grados. Ambos dictámenes fueron firmados por los antropólogos forenses Carlos Jiménez e Ismael Mosqueira. Otro dictamen, firmado por la dentista Alejandra Cedillo, dice que los dientes pierden su esmalte a los 200 grados centígrados y van cambiando de color conforme aumenta la temperatura. Al llegar a los 800 grados, se vuelven blancos por completo, lo que correspondería con el fragmento de diente blanco que encontraron de Alexander Mora.

Un peritaje más, éste realizado entre el 2 y 4 de noviembre de 2014 por Mauricio Cerón, un entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la PGR, dice que se encontraron dípteras Hermetia Ilucens, un tipo de larva de mosca que come carroña, o restos de tejido. Según Cerón, las larvas llevaban entre 37 y 47 días en el lugar y tenían ceniza. Con ello la PGR concluyó que hubo restos de algún ser vivo en el basurero cerca del 26 de septiembre. Los peritos biólogos Evaristo Reyes y Cristina Aguilar, en otro documento, encontraron plantas nuevas en el lugar del incendio. Unas de la especie Ricinus communis (higuerilla o ricino) y otras de la especie Eleusine indica (un tipo de maleza). La primera llevaba creciendo en el terreno entre 20 y 36 días, mientras que la segunda menos de 40 días. El estudio fue en las misma fecha que el anterior. Tomados en conjunto, los peritajes parecen decir lo siguiente: que hubo un incendio de 140 metros cuadrados en el basurero, que inició con una temperatura cercana a los 700 grados y que tuvo un pico de casi 1 400 grados. El incendio consumió tejido —animal o humano— y dientes. Pero los estudios, después de establecer esto, no pueden concluir, entre otras cosas, cuántos restos fueron quemados en el basurero esa noche. El 16 de enero de 2015, los especialistas austriacos informaron a la PGR que las muestras restantes no habían dado ADN para ser analizado, por lo que el único fragmento con algo de información seguía siendo el hueso de Alexander Mora.24 Al mismo tiempo anunciaron una nueva serie de estudios para intentar identificar los restos, aunque advirtieron que había poca probabilidad de obtener resultados positivos. El 22 de febrero, en una entrevista para la revista Proceso, Jorge Arturo Talavera, un antropólogo forense del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que había participado en otras investigaciones con la PGR y que dijo haber entrenado al equipo actual de peritos especialistas en incendios, retomó la hipótesis de Montemayor. Para Talavera, el calor desprendido por el incendio haría imposible que alguien se acercara a él por la radiación calorífica. 25 Para Talavera, los responsables se hubieran quemado tan sólo por la cercanía a la pira. “Fue una burla”, concluyó.

Al ver ambas versiones, la ofrecida por los peritos de la procuraduría, y la presentada por dos investigadores externos, queda claro que no son compatibles. Mientras que la PGR dice que los supuestos responsables del incendio utilizaron el material que encontraron en el basurero, Montemayor y Talavera responden que se necesitaría mucho más del disponible, por lo que la hipótesis del gobierno no sería posible. Para intentar dar una explicación independiente, alejada de la pugna política en el caso —Montemayor, por ejemplo, sugirió que el Ejército podría ser responsable de la cremación de los estudiantes y días después dijo que “alguien lo vigilaba”—,26 este libro presenta una entrevista hasta ahora inédita con un experto en la materia. Se trata del doctor John DeHaan, profesor de la Universidad de California en Davis, y experto en química forense con especialización en fuego y explosiones. Su compañía, Fire-Ex Forensics,27 ofrece servicios a diversos departamentos de policía y fiscalías en Estados Unidos. DeHaan trabajó 13 años como especialista en fuego para el condado de Alameda y el Departamento de Justicia de California. Asimismo, su manual Kirk’s Fire Investigation es el libro más consultado sobre el tema en Estados Unidos.28 Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Conoce usted lo que pasó en Iguala? He leído algunos de los reportes sobre este horrible caso y me decepciona saber de la especulación y mala información que ha sido ofrecida como “conclusiones de expertos”. He sido uno de los principales investigadores en la presentación anual de un curso en reconstrucción forense de escenas de crimen, así que he tenido experiencia de primera mano en ver cuerpos humanos que han sido quemados en distintos tipos de condiciones de fuego. La respuesta corta sobre este crimen es que un fuego de gasolina no es necesario para destruir cuerpos. Un fuego puede sostenerse por horas con la combustión de la grasa subcutánea de los cuerpos, y si hay el material suficiente para funcionar como mecha, el fuego es más que adecuado para calcinar un cuerpo humano a huesos frágiles y fragmentos. ¿Cuál es el origen de este tipo de cremaciones?

Lamentablemente fueron los nazis quienes determinaron que la mejor forma de deshacerse de cuerpos en masa era apilarlos de tal forma que la grasa corporal emanada de cada cuerpo pudiera convertirse en una mecha utilizable, lo que soportaría un fuego con base en grasa por muchas horas sin gastar mucho combustible. Como hemos demostrado en nuestros cursos sobre muertes relacionadas con fuego, verter gasolina en un cuerpo no conseguirá mucho, ya que la gasolina se quema demasiado rápido como para abrir la piel y exponer la grasa subcutánea. La grasa subcutánea tiene un buen contenido de energía térmica —32-36 kJ por gramo, equivalente a muchos plásticos (la gasolina tiene aproximadamente 46 kJ por gramo)—. Acomodar una capa de llantas y madera fue la forma perfecta de lograr la destrucción. Las llantas y la madera se prenden fácilmente con la gasolina inicial, y proveen una mecha porosa para que se queme la grasa derretida. Cualquier tipo de ropa también contribuiría a lo que la mecha necesitaría para quemar el cuerpo. En nuestros estudios hemos observado que un cadáver, quemado por 6-7 horas, puede producir llamas relativamente pequeñas durante la duración de la cremación. El calor emanado por un cuerpo es entre 40-125 kW, lo mismo que haría un pequeño incendio en un basurero de oficina. La temperatura de estas flamas ha llegado, según nuestras mediciones, a 850-950 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura producida por las flamas sería suficiente para calcinar los huesos humanos tras un contacto prolongado (varias horas). Este proceso sucede después de que el contenido orgánico de los huesos (grasa y colágeno) ha sido quemado. Una cremación continua entonces degrada elcontenido mineral de los huesos, calcinándolos al punto en que se vuelven muy frágiles y fácilmente pulverizables. Los huesos grandes como caderas, pelvis y hombros normalmente sobreviven de manera más intacta y requieren pulverización mecánica después de ser cremados en un horno comercial. ¿Es posible, entonces, reducir 40-45 cuerpos a ceniza en este tipo de lugar [el basurero de Cocula] y en el tiempo que dicen [13-15 horas]? Dada la descripción del pozo y cómo fueron colocados los cuerpos y las 13-15 horas de cremación continua, mi respuesta es: sí, sí es posible

reducir 40 cuerpos adultos a fragmentos y bultos frágiles que podrían ser pulverizados por una máquina. ¿Cuánto material —si acaso— sería necesario para quemar los cuerpos y atizar el fuego? Lo que puedan cargar una persona o dos de madera o tablas, lo mismo de llantas. Aquellos que han disputado la versión de la PGR dicen que serían necesarias toneladas de madera o llantas para producir el calor necesario para quemar cuerpos. ¿Diría usted que esto es cierto? No, el fuego emanado de los cuerpos sería suficiente para mantener el fuego necesario (a través de las llamas). ¿La lluvia afectaría el incendio? El informe meteorológico dice que llovió siete milímetros esa noche. La lluvia podría alentar el proceso al bajar la temperatura de las llamas y volverlas más erráticas, pero una cantidad modesta no apagaría el incendio —los fuegos de grasa y llantas no son susceptibles a ser extinguidos por agua—. La lluvia posterior podría enfriar las cenizas. Los peritos de la procuraduría dijeron que la temperatura en el basurero fue de entre 900 y 1 600 grados centígrados. ¿Puede únicamente el calor de los cuerpos llegar a esta temperatura? Sí, hemos medido temperaturas entre los 800 y 900 grados centígrados. La ventilación extrema podría generar temperaturas más altas, pero no llegaría a 1 600 grados. Los peritos dijeron que la hoguera fue de aproximadamente 140 metros. En el supuesto de que esto sea cierto y el fuego haya llegado a tal temperatura, ¿sería posible acercarse al incendio sin quemarse o tener problemas para respirar?

Debido a la tasa modesta en la que cada cuerpo desprende calor, el fuego combinado no puede producir flamas altas, incluso en un espacio grande. La mayor parte del humo se alzaría verticalmente en una columna normal, así que sí es posible acercarse con cuidado al borde del pozo. ¿Sería posible crear un fuego contenido de esa temperatura y tamaño? ¿Se podría controlar o no? ¿Qué sucedería con los árboles y las plantas cercanas? El esparcimiento del fuego dependería de la vegetación adyacente. El pasto cercano se prendería. Los árboles que estuvieran encima se quemarían, carbonizarían e incluso se prenderían. El peligro más grande sería al momento inicial de quemar la gasolina. ¿Cómo se verían 40-45 cuerpos después de ser expuestos a este tipo de calor durante 13-15 horas? ¿De qué tamaño serían los fragmentos de hueso? Los fragmentos de hueso que hemos producido en barriles de quema o basureros como éste son, en promedio, entre 7 y 14 centímetros de tamaño. El cráneo se reduciría a pedazos o placas irregulares. Los fragmentos más grandes serían las articulaciones de la cadera, la base del cráneo, la pelvis, el sacro, las articulaciones de los hombros, la mandíbula… Cada cuerpo podría ser reducido entre tres y cuatro y medio kilos de pedacitos. ¿Sería posible pulverizar éstos a fragmentos más pequeños, incluso a ceniza? Después de 13-15 horas de exposición, casi todos los fragmentos serían susceptibles de ser pulverizados de forma manual hasta convertirse en polvo o pedacitos. ¿Se podría meter la ceniza con palas a bolsas de plástico? Quienes disputan la investigación oficial dicen que las bolsas se hubiesen desintegrado porque la ceniza seguiría demasiado caliente.

Después de un poco de enfriamiento, sí. La ceniza de madera tiene una conductividad muy baja, así que se pueden meter pedazos latentes a una bolsa si están rodeados de ceniza. La lluvia pudo haber enfriado la ceniza también. Dice usted “después de un poco de enfriamiento”. ¿Cuánto tiempo diría que tardaría este enfriamiento? No hay forma de saberlo con seguridad. Las cenizas de madera o ropa se enfriarán muy rápido en la superficie, pero en una capa más profunda, la conductividad térmica pobre de ese tipo de cenizas hará que se tarde más el proceso. Mientras más pequeñas sean las piezas de hueso calcinado, se enfriarán más rápido. Los huesos grandes e intactos pueden permanecer calientes durante algunas horas después de este tipo de exposición al fuego. Dadas estas condiciones, ¿qué sucedería con los dientes de los cuerpos? ¿Se mantendrían en una pieza o se convertirían en ceniza? ¿Qué ocurriría con las tapaduras? Las partes expuestas de los dientes tienden a romperse. Algunas tapaduras metálicas o aparatos (como frenos) sobreviven. Si las tapaduras son de plástico se queman. ¿Qué sucedería con objetos metálicos como anillos o hebillas de cinturón? ¿Se derretirían? Los anillos, hebillas, prostéticos, aparatos quirúrgicos (marcapasos, clavos, tornillos, placas), tienden a sobrevivir. Si un cuerpo pesara entre 60 y 70 kilos, ¿cuánto quedaría después de ser sometido a este tipo de fuego? ¿Cuánto pesarían sus restos? Hemos reducido cuerpos adultos normales en 90% de su peso anterior a la cremación en fuegos de tres a cuatro horas. Así que 4.5-5.5 kilos por cuerpo serían posibles dadas las condiciones descritas.

Por último: Si un cuerpo se quema a estas temperaturas, ¿es posible recolectar ADN de sus restos? En su experiencia, ¿cuál es la temperatura más alta que puede alcanzar un cuerpo antes de que sus restos dejen de ser utilizables para este tipo de examen? La calcinación, el proceso de quemar toda la materia orgánica de los huesos, destruirá cualquier ADN. Los huesos que sigan negros —que simplemente son materia orgánica incendiada— podrían tener suficiente ADN sin degradar para servir de algo. Pero es algo bastante difícil dados los métodos de ADN de hoy en día. Los núcleos —la médula— de los huesos más grandes y los huesos protegidos por mayor masa muscular — mandíbula, cadera, base del cráneo— ofrecen la mejor oportunidad.

LA DISTANCIA El quiebre de la procuraduría, y por consiguiente del gobierno federal, no fue sólo con los peritos argentinos. Los padres y familiares de los estudiantes, así como gran parte de la sociedad civil salieron a las calles a partir de octubre para protestar por lo sucedido. En las llamadas Acciones Globales por Ayotzinapa siempre hubo un grito en común: “Fue el Estado” (hashtag). A principios de noviembre, Parametría dio a conocer la primera encuesta sobre los hechos. Noventa y dos por ciento de las personas entrevistadas estaba enterada de la desaparición de los 43 estudiantes; 54% pensaba que el principal responsable de resolver el problema era el gobierno federal. A la pregunta sobre si las autoridades darían con los responsables de lo sucedido, 66% dijo que no, es decir, dos de cada tres encuestados. Sólo 26% pensaba que sí.1 El Gabinete de Comunicación Estratégica hizo una encuesta similar en enero de 2015. En una escala del 5 al 10, 54% calificaba con 5 (traducido en pésimo) el desempeño del gobierno federal en el caso. Cincuenta y cinco por ciento le daba la misma calificación a la procuraduría. Con peores porcentajes que ellos estaba la Policía Federal —57.8%— y el gobierno de Guerrero —73.2%—. La misma encuesta, aplicada en Guerrero, no dio números de desaprobación tan altos. Allá 47.1% creía que el gobierno federal y la procuraduría se merecían un 5, 49.9% reprobaba a la policía y 60.2% al gobierno estatal.2 En las calles la cantidad de manifestantes fue aumentando hasta llegar a una cifra que no se había visto en varios años. El 20 de noviembre alrededor de 100 000 personas marcharon al Zócalo de la capital; miles de personas se manifestaron al mismo tiempo en Xalapa, Colima, Puebla, Monterrey, Guadalajara, así como en Alemania, Francia y Estados Unidos.3 Sin embargo, las marchas se empañaron por tres motivos: la

aparición de grupos ajenos que cometieron actos vandálicos, la pobre cobertura mediática y la desmedida actuación de la policía, en particular la del Distrito Federal. En la concentración previa, el 8 de noviembre, un grupo de encapuchados quemó una de las puertas de Palacio Nacional;4 para la del 20 de noviembre los camarógrafos de los grandes medios nacionales ya estaban postrados frente a la puerta esperando una repetición del espectáculo.5 Ese día, la policía del Distrito Federal detuvo a 11 personas, a quienes remitió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por delitos como terrorismo y motín. Los 11 detenidos fueron enviados a penales demáxima seguridad en Veracruz —hombres— y Nayarit —mujeres— en lo que esperaban proceso.6 Diez días después, el 30 de noviembre, fueron liberados por falta de pruebas. Una de las evidencias recabadas por la procuraduría era que los detenidos se decían “compa” entre ellos.7 Ante las protestas generalizadas, el gobierno federal optó por presentar un decálogo de propuestas relacionadas con seguridad.8 Entre ellas destacó la promesa de un mando único a nivel estatal, así como un nuevo operativo federal en Guerrero y Michoacán. Las ideas fueron criticadas por ser en su mayoría vagas o por no corresponder al asunto —el anuncio de un corredor comercial transístmico, por ejemplo—.9 Aunque hubo marchas posteriores, al final del año dis-minuyó el número de asistentes. Para febrero de 2015 continuaban las Acciones Globales, pero con un número mucho menor de manifestantes. Aun así los enfrentamientos se mantuvieron. El 26 de febrero, en la marcha para conmemorar los cinco meses de la desaparición de los estudiantes, cinco personas fueron detenidas, y un alumno del ITAM, de nombre Francisco Olmos, fue golpeado por policías.10 Olmos sostuvo que fue “encapsulado” cuando iba a entrar al metro y que los policías, al momento de leerle sus derechos, no supieron de qué acusarlo.11 Algo similar sucedió en el caso de Sandino Bucio, cuya detención el 28 de septiembre fue hecha por policías vestidos de civil, quien, entre otras cosas, dijo que lo amenazaron con desaparecerlo como había pasado con los estudiantes de Ayotzinapa.12 Por su parte, los familiares de los estudiantes tuvieron una ruptura final con el gobierno federal el 27 de enero de 2015, cuando el procurador

Murillo Karam llamó “verdad histórica” a la conclusión de la PGR: los estudiantes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Los padres respondieron al procurador diciendo que sólo confiarían en lo dicho por el equipo de peritos argentinos, quienes el 7 de febrero emitieron un nuevo comunicado, en el que destacaban siete errores cometidos por la PGR durante la investigación:13 1) No se le avisó al equipo de la recolección de evidencia en el río San Juan, de donde la PGR dijo haber obtenido las bolsas de basura con los restos de los estudiantes. 2) Los peritos tampoco estuvieron presentes en la recolección inicial de evidencia en el basurero de Cocula. 3) No hubo preservación de la escena del crimen en el basurero de Cocula entre el 7 y el 28 de noviembre de 2014. 4) Algunos de los perfiles genéticos enviados por la PGR al laboratorio de Innsbruck no correspondían a los que los peritos recolectaron de los familiares de los estudiantes. 5) El EAAF encontró que el basurero había sido incendiado en ocasiones anteriores. 6) En el basurero también había restos humanos que no eran de los normalistas. 7) Tanto los peritos como la PGR no habían terminado de procesar la evidencia cuando el procurador declaró la “verdad histórica”. La PGR respondió a los puntos el día siguiente: 1) Sí habían notificado a los peritos sobre la búsqueda en el río San Juan, pero que los peritos decidieron priorizar el análisis del basurero ese día. 2) No era “aceptable” que se pretendiera sembrar la duda sobre la muerte de al menos 40 personas en el basurero de Cocula. 3) La discordancia entre los perfiles se trataba de un error administrativo que había sido resuelto a las 24 horas de haber sido detectado. 4) La petición del EAAF para firmar la cadena de custodia de la evidencia rebasaba las funciones que tenían en la investigación.

La petición de los peritos de revisar evidencia balística, entre otras, 5) no fue aceptada porque los peritos no habían acreditado ser especialistas en la materia. 6) La PGR determinó que no se tenía que preservar la custodia en el lugar porque ya había hecho las pruebas necesarias. 7) Las prótesis encontradas en el basurero seguían siendo estudiadas, por lo que la PGR no podía determinar si eran de ese evento o uno anterior.14 Los familiares, a través de Vidulfo Rosales, el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que los representaba, también dieron a conocer un pliego con 10 dudas el 27 de enero:15 1) Para los familiares no existía plena certeza de que haya sucedido lo que dice la PGR, ya que “las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos”. 2) Lo declarado por Felipe el Terco Rodríguez no era determinante para establecer una verdad histórica, como afirmó la PGR. 3) La investigación de la PGR dependía en exceso de las declaraciones de los detenidos, quienes pudieron haber sido coaccionados para confesar. 4) El homicidio de Julio César Mondragón Fontes el Chilango seguía sin ser esclarecido a cuatro meses de haber ocurrido. 5) El gobierno no había detenido a los responsables de la desaparición de los estudiantes, ya que Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Gildardo el Cabo Gil López, supuesto jefe de plaza de los Guerreros Unidos, seguían prófugos. 6) La PGR no había consignado a nadie por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro, cuando la investigación señalaba que policías municipales y funcionarios del gobierno municipal participaron en la desaparición de los estudiantes. 7) Algunas de las declaraciones de los detenidos contradecían otras, en particular que unos dicen haber llevado a los estudiantes a Pueblo Viejo y a La Parota en lugar de Cocula.

8) Lo único cierto es que Alexander Mora Venancio sí había muerto. De los otros 42 estudiantes no hay evidencia. 9) No se investigó al Ejército por la desaparición de los estudiantes. 10) No se había investigado a otros funcionarios, como el alcalde de Cocula, quien tenía a su mando a los policías que después ayudaron a desaparecer a los estudiantes. La confrontación entre familiares y el Ejército también aumentó de tono. A pesar de que los padres de familia ingresaron al cuartel militar del 27 Batallón de Infantería en las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes, los familiares volvieron a exigir que se les dejara entrar a ése y el resto de los cuarteles del país para buscar a sus hijos. El 12 de enero encararon a los militares afuera del cuartel, e intentaron ingresar embistiendo la puerta de entrada con un camión de cerveza.16 Los últimos días de enero, representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos viajaron a Ginebra, Suiza, a exponer su versión de los hechos frente al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. El 2 de febrero, el comité concluyó: “El grave caso de los 43 estudiantes que fueron sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en Guerrero ilustra los graves retos que el Estado enfrenta en términos de prevención, investigación y castigo por desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.17 El gobierno mexicano, a través del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, reconoció que el caso de los 43 estudiantes se consideraba como desaparición forzada: “La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia”, declaró frente al comité.18 A pesar de ello, para principios de marzo, la Procuraduría General de la República no había presentado cargos contra ninguno de los 100 detenidos por el delito de desaparición forzada, sino por homicidio y secuestro agravado. Según el artículo 215-A del Código Penal Federal, “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público

que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.19 Éste debería ser el delito imputado, según lo establecido en los expedientes de la investigación,20 al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, y a los 94 policías detenidos por el caso. Sin embargo, al 22 de febrero de 2015, sólo 22 habían sido llevados a proceso por su participación en el homicidio de seis personas la noche del 26 de septiembre.21 Jesús Murillo Karam dejó la procuraduría el viernes 27 de febrero, en una ceremonia vespertina sin mucho bombo o platillo. Ese mismo día había sido apresado Servando Gómez la Tuta, y las primeras planas del sábado se fueron con esa historia. Murillo Karam pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Arely Gómez tomó su lugar. A su salida hubo reacciones mixtas: algunos veían un castigo y el inicio de una crisis por su manejo del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, otros un premio por el mismo motivo. Cuestión de interpretación. Al momento de llevar este libro a prensa, el presidente Enrique Peña Nieto no ha visitado Ayotzinapa o Iguala después de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014. Uno de los grupos que más apoyó a los familiares de los estudiantes en un inicio fue la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el sindicato local de maestros. Esto se debe en parte a que Felipe de la Cruz, vocero de los familiares —y padre de un alumno de segundo año de la normal— es miembro del sindicato. En un inicio, miembros de la CETEG protestaban junto a los familiares de los estudiantes, pero con el paso del tiempo los maestros del sindicato llevaron a cabo sus propias marchas; primero con la exigencia de encontrar a los normalistas y después para sus motivos gremiales. En octubre los maestros quemaron el Palacio de Gobierno de Guerrero;22 en noviembre instalaron un plantón en el centro de Chilpancingo y se negaron a reconocer al gobernador interino, Rogelio Ortega.23 En diciembre le prendieron fuego a dos camionetas de la policía estatal, entre otras cosas;24 en enero tomaron casetas, quemaron patrullas y evitaron que los capacitadores para las elecciones estatales y federales de 2015 eligieran a

funcionarios de casilla en el estado.25 Los maestros llegaron a amenazar con un boicot de las elecciones a partir de la toma de todas las oficinas electorales en Guerrero, en nombre de los 42 desaparecidos.26 También hubo reportes de que los miembros del sindicato robaron camionetas de trabajo de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre ellas la del rector, Javier Saldaña. En febrero, tras secuestrar a tres empleados de Coca-Cola, la compañía dijo que suspendería el servicio de distribución de refresco en Chilpancingo hasta que se garantizara la seguridad de sus trabajadores.27 Ese mismo mes, en protestas sin relación con la desaparición de los 43 estudiantes, un maestro en retiro —egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, por cierto— murió tras ser aplastado durante un choque con la policía estatal en Acapulco. Durante la protesta fueron arrestadas 112 personas. Según los manifestantes, la marcha era para exigir el pago de salarios atrasados y de pensiones a los normalistas retirados.28 En el enfrentamiento los maestros intentaron lanzar un autobús en contra de los policías, que evitaban la toma del aeropuerto de la ciudad, así como protestas afuera del Abierto Mexicano de Tenis.29 La consigna de que los 43 estudiantes regresaran vivos pasó a un segundo plano. Algunos de los familiares de los estudiantes, desesperanzados tras no obtener respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, buscaron ayuda por otro lado. A principios de abril, pegaron pancartas en el centro de Iguala. Estaban dirigidas a Santiago el Carrete Mazari, líder de los Rojos. “Le pedimos de favor ayudarnos a dar con el paradero de nuestros hijos”, decían.

VÍCTIMAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Seis fallecidos: Julio César Mondragón Fontes, estudiante Daniel Solís Gallardo, estudiante Julio César Ramírez Nava, estudiante David Josué García Evangelista, futbolista Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer de autobús Blanca Montiel Sánchez, pasajera de taxi 43 desaparecidos: Abel García Hernández Abelardo Vázquez Peniten Adán Abraján de la Cruz Alexander Mora Venancio Antonio Santana Maestro Benjamín Ascencio Bautista Bernardo Flores Alcaraz Carlos Iván Ramírez Villarreal Carlos Lorenzo Hernández Muñoz César Manuel González Hernández Christian Alfonso Rodríguez Telumbre Christian Tomás Colón Garnica Cutberto Ortiz Ramos Doriam González Parral Emiliano Alen Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Felipe Arnulfo Rosa Giovanni Galindes Guerrero

Israel Caballero Sánchez Israel Jacinto Lugardo Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa Jonas Trujillo González Jorge Álvarez Nava Jorge Aníbal Cruz Mendoza Jorge Antonio Tizapa Legideño Jorge Luis González Parral José Ángel Campos Cantor José Ángel Navarrete González José Eduardo Bartolo Tlatempa José Luis Luna Torres Jhosivani Guerrero de la Cruz Julio César López Patolzin Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Carrillo Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno Rubén Lauro Villegas Marcial Pablo Baranda Marco Antonio Gómez Molina Martín Getsemany Sánchez García Mauricio Ortega Valerio Miguel Ángel Hernández Martínez Miguel Ángel Mendoza Zacarías Saúl Bruno García

EPÍLOGO Como todo libro sobre un evento reciente, este texto tiene que detenerse en algún punto, a sabiendas de que la realidad, con toda certeza, lo rebasará al tiempo de ser publicado. Al momento de dar fin a estas páginas todavía quedan varios cabos sueltos que esperemos puedan tener respuesta conforme avancen las investigaciones periodísticas y ministeriales. Hay todavía varias preguntas por responder, entre ellas: ¿Cómo pudo José Luis Abarca ser postulado a la presidencia municipal cuando su esposa tenía cinco parientes directos relacionados con uno de los cárteles más importantes de la zona? ¿Cómo nadie en el PRD alzó la mano, más allá del diputado Óscar Díaz Bello, para que se investigara a Abarca antes de postularlo? ¿Por qué, a pesar de ser sospechoso en la investigación de al menos un homicidio, el de Arturo Hernández Cardona, se mantuvo Abarca en la presidencia municipal durante un año más? ¿Qué motivó la desmedida reacción de la policía de Iguala y después la de Cocula en contra de los estudiantes? ¿Qué los hizo disparar de esa manera y después entregarlos a los Guerreros Unidos? ¿Qué llevó a que el estudiante Julio César Mondragón fuese desollado? ¿En qué momento pensaron los Guerreros Unidos que los estudiantes eran parte de los Rojos? ¿Se dio cuenta Gildardo el Cabo Gil López de su error? ¿Dónde quedaron las hebillas, botones y otros objetos metálicos que llevaban los estudiantes esa noche? ¿Por qué no han consignado a los detenidos por desaparición forzada? En los meses posteriores a la noche del 26 de septiembre, mucha información ha salido a la luz. Ha provenido de varias fuentes: investigaciones oficiales, reportajes independientes, testigos que tardaron

en dar su versión, pero sobre todo de las voces de los estudiantes que sobrevivieron. Este libro, como dije en un inicio, está escrito con la idea de reconstruir y nunca olvidar una de las calamidades más grandes de los últimos años. Aunque en México existe la costumbre de que una tragedia tapa a otra tragedia y el país se olvida de muchas cosas de las que no debería —pienso, por ejemplo, en Pasta de Conchos o Villas de Salvárcar —, es necesario recordar. Si asimilamos la barbarie, la incorporamos a nuestro día a día y nos dejamos de sorprender por lo que sucede a nuestro alrededor, la noche más triste no será sólo una.

NOTAS LA MECHA 1 Ioan Grillo, El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency, Londres, Bloomsbury Press, 2011, posición 1683 en la edición de Kindle. 2 Wilbert Torre, Narcoleaks: La alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado, México, Grijalbo, 2013, p. 29. 3 Ioan Grillo, op. cit., posición 1792. 4 Héctor de Mauleón, Marca de sangre: Los años de la delincuencia organizada, México, Temas de Hoy, 2011, pp. 9-55. 5 Témoris Grecko y David Espino, “El Pentágono de la Amapola”, Esquire Latinoamérica, 5 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2015]. 6 PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, citada por De Mauleón, p. 42. 7 Averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010. 8 David Saúl Vela, “Acapulco, la tercera ciudad más violenta del mundo, revela estudio”, El Financiero, 20 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2015]. 9 The Associated Press, “México produce más opio ante el auge de la heroína en EU”, La Jornada, 2 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2015]. 10 The Associated Press, “The drug dealers next door: how NYC heroin mills are blending in”, CBS News, 8 de febrero de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2015].

LA PÓLVORA

1 Los datos siguientes, salvo que se especifique lo contrario, han sido tomados de la edición 2014 del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Desarrollo Social. El informe está disponible en [Fecha de consulta: 14 defebrero de 2015]. 2 Coneval, “Medición de la pobreza, indicadores de carencia social”. Disponible en [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2015]. 3 Citlali Giles Sánchez, “Guerrero, el segundo con la tasa más alta de fecundidad”, La Jornada Guerrero, 5 de julio de 2010. Disponible en [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2015]. 4 INEGI, “México en cifras”. Disponible en [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2015]. 5 Para un recuento más detallado sobre la historia de Guerrero, sugiero consultar Carlos Illades, Guerrero. Historia breve, México, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, 2011. 6 “Acusan a hermano de Aguirre de desvío de 287 mdp”, El Universal, 10 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015]. 7 Angélica Enciso, “En pobreza, 53.3 millones de mexicanos, informa el Coneval”, La Jornada, 30 de julio de 2013. Disponible en [Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015]. 8 F. Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 25 de julio de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015]. 9 Laura Castellanos, México armado. 1943-1981, México, Era, 2008. pp. 101-164. 10 Carlos Illades, op. cit., p. 134. 11 Laura Castellanos, op. cit., p. 110. 12 Laura Castellanos, “Antes y después de Iguala”, Milenio, 27 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 16 de febrero de 2015]. 13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, 23 de noviembre de 2009. Disponible en [Fecha de consulta: 16 de febrero de 2015]. 14 Aunque hay teorías de que el EPR fue fundado un año antes. La fecha concreta es incierta.

15 Tanalís Padilla, “Las normales rurales: historia y proyecto de nación”, El Cotidiano, 154, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, marzo-abril de 2009, pp. 85-93. Disponible en [Fecha de consulta: 17 de febrero de 2015]. 16 Siddharta Camargo, “La combativa historia de las normales rurales”, Milenio, 27 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 17 de febrero de 2015]. 17 Alicia Civera, “Normales rurales: historia mínima del olvido”, Nexos, marzo de 2015, pp. 16-19. 18 Tanalís Padilla, op. cit., p. 88. 19 Los estudiantes debían probar que eran de escasos recursos y que no tenían ninguna formación ideológica o política. 20 Carlos Ferreyra, “La extraña muerte de Genaro Vázquez Rojas”, La Crónica, 2 de febrero de 2013. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 21 Uno de los motivos de la desaparición de Rosendo Radilla fue que compuso un corrido sobre lo ocurrido en Atoyac ese día. 22 Sergio Ocampo, “Grupos guerrilleros recuerdan matanza de campesinos en Atoyac de Álvarez”, La Jornada, 18 de mayo de 2009. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 23 Tanalís Padilla, op. cit., p. 92. 24 Alicia Civera, op. cit., p. 19. 25 Ángeles Mariscal, “Agoniza Normal Rural Mactumactzá; ocupa sus aulas la última generación”, La Jornada, 19 de abril de 2008. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 26 Paulina Villegas y Randal C. Archibold, “Keeping Mexico’s Revolutionary Fires Alive”, The New York Times, 2 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 27 Margena de la O, “Reducen presupuesto de comida a normalistas de Ayotzinapa; dan 17 pesos por estudiante”, La Jornada Guerrero, 3 de febrero de 2009. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 28 Entrevista con Omar García en Así las cosas, W Radio, 31 de octubre de 2014. El audio completo puede escucharse en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015].

29 The Associated Press, “México: Conductores de buses retenidos por semanas”, Animal Político, 29 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 30 Jesús Guerrero, “Tensa a Guerrero desalojo violento”, Reforma, 13 de diciembre de 2011. Disponible a través del buscador de reforma.com [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 31 Jesús Guerrero, “Fue una locura total”, Reforma, 13 de diciembre de 2011. Disponible a través del buscador de reforma.com [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 32 “Muere el empleado de una gasolinera herido tras enfrentamiento en Guerrero”, CNN México, 1 de enero de 2012. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015]. 33 Jesús Guerrero, op. cit., nota 30. 34 “Cronología: Normalistas de Ayotzinapa”, El Universal, 24 de enero de 2012. Disponible en [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2015].

EL CERILLO 1 Andrés Becerril, “José Luis Abarca llenó Iguala de joyas e impunidad”, Excélsior, 4 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 2 Juan Carlos Pérez Salazar, “Auge y caída de la ‘pareja imperial’ de Iguala”, BBC, 4 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 3 Interrogatorio a José Luis Abarca realizado por agentes de la Procuraduría General de la República, al cual tuvo acceso el autor. 4 “GRUPO EMPRESARIAL ABARPIN, S.A. DE C.V., BALANCE DE LIQUIDACION”, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2010. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 5 Carlos Jiménez, “Sicario detalla su auge y decadencia”, La Razón, 1 de noviembre de 2011. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 6 Ángel Cabrera, “Mazón gestionó predio para Abarca, confirma Sedena”, 24 horas, 2 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 7 Testimonio de José Luis Abarca ante la PGR.

8

La fecha y número de su cédula profesional pueden obtenerse en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 9 Rolando Aguilar, “Abarca tocó primero la puerta del PRI”, Excélsior, 2 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 10 Eduardo Albarrán, “Cierran precampañas los aspirantes del PRD en Iguala; hay empate técnico, dicen”, El Sur, 26 de marzo de 2012. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 11 “Yo informé a López sobre Abarca”, Crónica, 28 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 12 Instituto Electoral del Estado de Guerrero, “Cómputo Distrital de la Elección de Ayuntamientos 2012”. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 13 Pineda tuvo una carrera meteórica dentro del partido. Dos años después fue candidata a consejera estatal del PRD por la corriente de Nueva Izquierda —conocida como los Chuchos—. Nunca tomó posesión del cargo —por, entre otras cosas, estar prófuga— y su lugar lo ocupó una regidora de Tixtla, Érika Alcaráz Sosa. El nombre de Pineda fue borrado de un día para otro de la lista estatal. 14 “Asesinan a Justino”, Diario 21, 9 de marzo de 2013. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. Advertencia: la nota contiene fotos explícitas. 15 Ubicado en www.transparenciaiguala.gob.mx. El sitio fue modificado después de la queja, y una vez más después de que Silvano Mendiola fuese nombrado presidente municipal interino. (Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015.) 16 El informe sigue disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 17 “Alcalde de Iguala y familia cobran más de 300 mil pesos al mes”, La Voz de Zihuatanejo, 3 de marzo de 2013. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 18 Informe, p. 18. 19 Juan Pablo Becerra-Acosta, “El origen de la violenta respuesta de Abarca”, Milenio, 18 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 20 “Marcha FODEG en Chilpancingo, exigen audiencia con el gobernador”, Agencia de Noticias Guerrero, 8 de mayo de 2012. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015].

21 Aurora Harrison, “Sin respuesta del Ayuntamiento, sus peticiones de calles y drenaje, acusa el FODEG ”, El Sur, 25 de octubre de 2013. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 22 El acta sigue disponible en consulta: 20 de febrero de 2015]. 23 Acta, p. 20.

[Fecha

de

24

El acta de esa reunión está en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 25 Pedro González, “Al ‘tú por tú’, Ángeles y Cardona”, Diario 21. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 26 Juan Pablo Becerra-Acosta, op. cit. 27 Juan Cervantes y Adriana Covarrubias, “Denuncian desaparición de 8 perredistas Iguala”, El Universal, 31 de mayo de 2013. Disponible [Fecha de consulta: 20 de febrero 2015]. 28 El acta, en posesión del autor, se encuentra disponible

en en de

en https://es.scribd.com/doc/243715943/acta-pdf. Las citas de los siguientes párrafos provienen de ahí. 29 Punto de Partida, “La omisión”, Televisa, 25 de noviembre de 2014. El reportaje completo puede ser visto en http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/1411/omision/ [Fecha de consulta: 21 de febrero de 2015]. 30 Informe, p. 67. 31 Eduardo Guerrero, “¿Bajó la violencia?”, Nexos, 1 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 32 Eduardo Fierro, Jessica Zarkin y Alexis Cherem, “Los 16 desaparecidos desde 2013 que anunciaron Ayotzinapa”, Animal Político, 8 de octubre de 2014. Disponible [Fecha de consulta: 21 de febrero de 2015].

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LA NOCHE 1 Para la crónica de este capítulo se utilizaron las siguientes fuentes: Sergio Ocampo, “Policías balean a normalistas de Ayotzinapa en Iguala; 5 muertos”, La Jornada, 27 de septiembre de 2014. Disponible en ; Juan Pablo Becerra-Acosta, “Esa maldita bala .223 en la cabeza de Aldo, el de Ayotzinapa…”, Milenio, 12 de diciembre de 2014. Disponible en ; “Sobreviviente de Ayotzinapa: ‘Nos decían callénse, ustedes se lo buscaron’ ”, Telemundo, 8 de octubre de 2014. Disponible en ; Ignacio Pérez, “‘No nos merecíamos eso’, recuerda Francisco, sobreviviente de Ayotzinapa”, La Jornada Jalisco, 3 de noviembre de 2014. Disponible en ; “Balacera en Iguala Guerrero México 26/09/2014”, video de Youtube fechado el 27 de septiembre de 2014. Disponible en ; David Obscura, “Despiden a joven normalista en Zihuatanejo”, 29 de septiembre de 2014, Novedades Acapulco. Disponible en ; Hugo Guzmán, “Zihuatanejo sepulta a uno de los normalistas asesinados”, Gala TV Acapulco, 30 de septiembre de 2014. Disponible en ; María Arce, “El dolor de Bertha, la mamá de uno de los seis jóvenes asesinados en Iguala”, Univisión, 13 de octubre de 2014. Disponible en ; Marcela Turati, “Julio César: el rostro del normalista desollado en Iguala”, Proceso, 4 de noviembre de 2014. Disponible en ; entrevista con Omar García en Así las cosas, W Radio, 31 de octubre de 2014. Disponible en ; Blanche Petrich, “Tras la noche de Iguala, el movimiento va para largo: normalista sobreviviente”, La Jornada, 11 de octubre de 2014. Disponible en ; Adriana Santacruz y Paola Ortiz, “La masacre de Iguala, contada por sobrevivientes”, Univisión, 7 de octubre de 2014. Disponible en ; “Imágenes del momento del secuestro de normalistas”, El Universal TV, 7 de octubre de 2014. Disponible en https://www.youtube.com/watch? v=wfSkfEaEFe0. Paula Escalada, “Sobreviviente narra cómo vivían en la Normal de Ayotzinapa”, Terra Noticias, 27 de octubre de 2014. Disponible en ; “Testimonio: Policías, ‘sin decir nada, empezaron a disparar’”, Excélsior, 9 de octubre de 2014. Disponible en ; Rebeca Jiménez, “Sobreviviente de Ayotzinapa narra agresión”, El Universal, 23 de octubre de 2014. Disponible en ; Rebeca Jiménez, “Teníamos miedo de salir”, El Universal, 22 de octubre de 2014. Disponible en ; Kathya Millares, “En Ayotzinapa hacemos pueblo”, Nexos, 6 de noviembre de 2014. Disponible en ; Rubén Mosso, “Tardaron 120 minutos en desaparecer a 43 normalistas”, Milenio, 29 de octubre de 2014. Disponible en ; J.M. Ahrens, “Una noche de violencia deja dos estudiantes muertos en Guerrero”, El País, 28 de septiembre de 2014. Disponible en ;

Eje Central TV, “#Ayotzinapa: ‘A los que agarremos los van a encontrar muertos’: Testimonio de sobreviviente”, 13 de octubre de 2014. Disponible en ; “Testimonios de estudiantes normalistas de Guerrero”, Agencia SubVersiones, 6 de octubre de 2014. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qjmqHm93Mfc. Todas las fuentes anteriores fueron contrastadas con las declaraciones brindadas por los normalistas a la Procuraduría General de la República, testimonios a los cuales el autor tuvo acceso. Esta crónica recupera la información que pudo corroborarse utilizando las fuentes aquí mencionadas. 2 Miembros de la UP y el FODEG ya habían encarado en público a Abarca y Pineda en otras ocasiones; también habían interrumpido eventos mientras Abarca hablaba. 3 Lo dicho por los policías fue narrado por los estudiantes, ya que según la investigación federal, todos los municipales de Iguala que han sido detenidos se han negado a declarar por miedo a que algo ocurra a sus familiares. 4 Abel Barajas, “Controlaba crimen policía de Cocula”, Reforma, 1° de noviembre de 2014. Disponible en . [Fecha de consulta: 7 de abril de 2015], y Alfredo Méndez, “Edil: mando de Sedena impuso los 2 últimos jefes policiacos en Cocula”, La Jornada, 30 de diciembre de 2014. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/politica/003n1pol. [Fecha de consulta: 7 de abril de 2015.] 5 Carlos Jiménez, “Capturan a pieza clave del caso Iguala; al más violento de esa noche”, La Razón, 27 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015.] 6 Del Chuky no se sabe más. Sólo su apodo. 7 Esto conforme a las declaraciones de los detenidos. 8 Respecto a los detalles físicos y químicos de la hoguera construida en el basurero, el capítulo “El fuego”, analiza los peritajes oficiales e independientes que se han hecho al respecto.

EL TERCO 1 Este texto se basa en una entrevista a Felipe el Terco Rodríguez Salgado realizada la tercera semana de enero de 2015 por peritos en psicología. 2 Eduardo Guerrero, “¿Bajó la violencia?”, Nexos, 1 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 3 Según la Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el secuestro con agravante —establecido en el artículo 11— sucede cuando la persona secuestrada “es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos”. La ley está disponible en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 4 Al momento de escribir este libro, ambos están prófugos.

5 Eric J. Hobsbawm, Bandidos, Barcelona, Crítica, 2001. 6 Un fragmento del código puede ser leído en [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015]. 7 El Chuky, cuyo nombre se desconoce hasta el momento, es señalado por las autoridades federales como uno de los enlaces de los Guerreros Unidos con la policía de Iguala y Cocula. Actualmente está prófugo. 8 Rubén Mosso y Lorena López, “PGR: sin evidencia de nexo entre normalistas y ‘Rojos’”, Milenio, 27 de enero de 2015. Disponible en .

EL FUEGO 1 “Aparecen 13 normalistas de Ayotzinapa; 43 siguen desaparecidos”, Excélsior, 30 de septiembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 2 Juan Pablo Becerra-Acosta y Carlos Puig, “Padres ya buscaron a sus hijos en el cuartel de Iguala”, Milenio, 26 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 3 Vania Pigeonutt, “Prófugos, alcalde de Iguala y titular de seguridad”, El Universal, 2 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 4 Punto de Partida, “Operación fuga”, Televisa, 30 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 5 Paula Escalada, “Sobreviviente narra cómo vivían en la Normal de Ayotzinapa”, Terra Noticias, 27 de octubre de 2014. Disponible en . 6 “Asumir su responsabilidad ante la matanza de Iguala, exige Peña Nieto a Aguirre”, El Sur, 1 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 7 Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez, “México está lastimado por los hechos de Iguala, acepta Peña”, La Jornada, 20 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 5 de marzo de 2015]. 8 Comunicado de prensa, “Se han localizado 28 cuerpos en fosa clandestina de Iguala, y se realizan exámenes para establecer su identidad”, Fiscalía General del Estado de Guerrero, 5 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 9 Sergio Ocampo y Rubicela Morelos, “Confirman 28 cuerpos hallados en fosas de Iguala”, La Jornada, 5 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 10 Nayeli Roldán “Gobierno obstaculiza trabajo de forenses argentinos en caso de normalistas desaparecidos, denuncian familiares”, Animal Político, 8 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 11 Marcos Muedano, “Aguirre: algunos cuerpos de fosas no son de normalistas”, El Universal, 11 de octubre de 2014. Disponible en . 12 “Quemaron a los 43 normalistas: Alejandro Solalinde”, El Universal, 20 de octubre de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 13 Gobierno de la República, “Conferencia de Prensa del Procurador, Jesús Murillo Karam (Ayotzinapa)”, 7 de noviembre de 2014. Video disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 14 El 31 de marzo de 2010 un comando armado entró a una fiesta de adolescentes en Ciudad Juárez y mató a 15. Felipe Calderón dijo que los muertos eran delincuentes; semanas después, al reunirse con los familiares, la madre de uno de los jóvenes lo increpó públicamente y le dijo que no era bienvenido en la ciudad. 15 Agencia Quadratín, “Peritos argentinos confirman identidad de normalista en restos de Cocula”, El Financiero, 6 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 25 de febrero de 2015]. 16 Catalogado como “Muestra 27-29102014” por la PGR. 17 El EAAF declinó ser entrevistado para la elaboración de este libro. 18 EAAF , “Identificación de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, 7 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 25 de febrero de 2015]. 19 Su ficha académica está disponible en . [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 20 El documento íntegro que leyó Montemayor en la conferencia de prensa está disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015].

21 Algo que vale la pena resaltar es que las piras funerarias indias quemaban a las personas uno por uno, a diferencia de lo supuestamente sucedido en Cocula, cuando los cuerpos de los estudiantes fueron acomodados para formar una sola estructura. También cabe decir que no explicó claramente cómo dio con los números. 22 Gobierno de la República, “Conferencia de Prensa ‘Caso Ayotzinapa’”, 27 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2015]. 23 Los peritajes íntegros fueron consultados para la elaboración de este libro. 24 Comunicado de prensa, Procuraduría General de la República, 20 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 25 de febrero de 2015]. 25 Patricia Dávila, “Otra losa a la ‘verdad histórica’”, Proceso, 22 de febrero de 2015, pp. 1113. 26 “Científico que cuestionó versión de la PGR sobre caso Ayotzinapa denuncia hostigamiento”, SDP Noticias, 5 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 25 de febrero de 2015]. 27 El sitio puede ser consultado en . 28 Esta entrevista se hizo por correo electrónico la última semana de febrero de 2015. La traducción es del autor. En días posteriores a esta conversación, Juan Pablo Becerra-Acosta publicó el testimonio de dos expertos que concuerdan con lo dicho por DeHaan. Véase su nota “ ‘Sí se pudo cremar’ a los 43”, Milenio, 2 de marzo de 2015. Disponible en .

LA DISTANCIA 1 Parametría, “Ayotzinapa: altos niveles de atención y pocas expectativas de justicia”. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 2 GCE, “A 4 meses de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa 2015”. Disponible en . [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 3 José Roberto Cisneros y Mauricio Torres, “Tras marcha pacífica por Ayotzinapa, manifestantes chocan con policías”, CNN México, 20 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 4 Luis Fernando Lozano, “Queman puerta de Palacio Nacional”, Reforma, 8 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015].

5 Esteban Illades, Juan Pablo García Moreno y Kathya Millares, “México se mueve: crónica de una marcha”, Nexos, 21 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 6 Omar Sánchez de Tagle, “Salen de prisión los 11 detenidos el #20NovMX”, Animal Político, 30 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 7 Omar Sánchez de Tagle y Gonzalo Ortuño, “Los 11 detenidos en el #20NovMx ‘se decían compas’: una prueba de la PGR”, Animal Político, 26 de noviembre de 2014. Disponible en . [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 8 Esteban Illades, “Resumen comentado de las 10 propuestas de seguridad”, Nexos, 27 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 26 de febrero de 2015]. 9 Carlos Puig, “El anticlímax”, Milenio, 28 de noviembre de 2014. Disponible en consulta: 26 de febrero de 2015]. 10 La imagen de la detención puede ser vista

[Fecha

de

en el tuit [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 11 Véase y [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 12 “ ‘Me dijeron que me iban a desaparecer como los de Ayotzinapa’, relata alumno de Filosofía”, Proceso, 29 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 13 EAAF , “Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan”, Animal Político, 7 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 14 “ ‘No es aceptable sembrar la duda’, responde PGR a peritos argentinos”, Aristegui Noticias, 9 de febrero de 2015, disponible en [Fecha de consulta: 5 de marzo de 2015]. 15 “Las 10 razones por las que los papás de Ayotzinapa rechazan el informe de la PGR”, Animal Político, 27 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 16 Alberto Morales, “Normalistas y padres de los 43 irrumpen en Batallón de Iguala”, El Universal, 12 de enero de 2015. Disponible en . [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015].

17 Karla Zabludovsky, “Mexican Lawyers Are Disappearing, Leaving Nothing But Fear And Questions Behind”, Buzzfeed, 27 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 18 Gabriela Sotomayor, “Ante la ONU , gobierno mexicano acepta “desaparición forzada” en caso Ayotzinapa”, Aristegui Noticias, 2 de febrero de 2015. Disponible en . [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 19 Código Penal Federal. Disponible en [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015]. 20 En el Congreso hay una propuesta de reforma constitucional para crear la Ley de Desaparición Forzada, pero no ha sido discutida. 21 “Dan formal prisión a 22 policías de Iguala por caso de normalistas desaparecidos”, Animal Político, 6 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 5 de marzo de 2015]. 22 Rogelio Agustín Esteban, “Queman el Palacio de Guerrero”, Milenio, 13 de octubre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 23 Juan Cervantes Gómez, “Rechaza CETEG diálogo con gobernador Ortega”, El Universal, 9 de noviembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 24 Rolando Aguilar, “Chocan normalistas y policía federal; hay 10 heridos”, Excélsior, 15 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 25 Raúl Trejo Delabre, “Una semana de la CETEG ”, Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD ), 19 de enero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 26 Laura Reyes, “Maestros de Guerrero afinan plan para boicotear las elecciones de 2015”, CNN México, 17 de diciembre de 2014. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 27 Miriam Ramírez, “Coca-Cola evalúa continuar operaciones en Chilpancingo”, Milenio, 24 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015]. 28 Héctor Briseño, “Desalojan a maestros que bloqueaban el bulevar de las naciones”, La Jornada, 24 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015].

29 Javier Trujillo, Ignacio Alzaga y Lorena López, “Acapulco: Policía Federal desaloja a maestros de CETEG ”, Milenio, 25 de febrero de 2015. Disponible en [Fecha de consulta: 28 de febrero de 2015].

AGRADECIMIENTOS Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de varias personas. En primera quiero agradecer a mi esposa, Diana, que me empujó a escribir “El polvorín que nadie olió”, el primer artículo que publiqué sobre el tema. Sin ella no estaría aquí. También quiero agradecer a mis padres, Adriana Sandoval y Carlos Illades, por sus siempre certeras correcciones y sugerencias. Quiero agradecer a Héctor Aguilar Camín no sólo por decirme “aquí hay un libro” cuando entregué el borrador del reportaje que terminaría por convertirse en La noche más triste, sino por apoyarme para que se convirtiera en realidad. También a Héctor de Mauleón por sus invaluables consejos. A la redacción de Nexos por la ayuda en estos meses y por su gran compañía. A Penguin Random House, en especial a Cristóbal Pera, Andrés Ramírez, Enrique Calderón y Cynthia Chávez. Y por último, al lector crítico que ve más allá de sus filias y fobias y entiende que el único propósito de este libro es informar.

Investigación y crónica periodística que detalla los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Un libro que analiza los pormenores de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la somete a un examen crítico. Desde una perspectiva que va a contracorriente de la politización con la que se ha abordado el caso, Esteban Illades analiza minuciosa y objetivamente el escenario social en el que ocurrió una de las tragedias humanitarias que ha representado un punto de inflexión en la historia mexicana contemporánea. Ya han pasado varios meses desde que desparecieron a los 43 normalistas. A la fecha, se han encontrado 19 fosas en las afueras de la ciudad de Iguala, y por lo menos 28 cuerpos. Después de las primeras investigaciones, tanto gobierno estatal como federal han dicho que los restos encontrados no pertenecen a los normalistas, pero tampoco se ha dicho de quién son. Un grupo independiente de peritos argentinos también ha realizado estudios que contradicen la versión oficial que ha pregonado la Procuraduría General de la República. El padre Alejandro Solalinde ha declarado que testigos y sobrevivientes le han contado que los 43 "fueron calcinados en una pira de madera". A la fecha -subraya el autor-, hay más detenidos que desaparecidos: 36 policías y varios supuestos miembros del cártel de los Guerreros Unidos, pero ¿qué pasó realmente? ¿Dispararon los policías contra los estudiantes? ¿Los entregaron después al cártel? ¿Subieron a alguna de las múltiples fosas que se han encontrado? ¿Quién dio la orden? ¿Fue el presidente municipal? ¿Fue su esposa? ¿Fue uno de los líderes de los Guerreros Unidos? Poco se sabe al día de hoy. Pero si revisamos lo ocurrido en Iguala durante 2012 y 2013, podemos encontrar información que ayuda a explicar, en

parte, la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de otros seis y cómo ocurrieron con total y absoluta impunidad. He aquí el primer libro que intenta responder las incómodas interrogantes desde una visión clara e imparcial.

Sobre el autor

ESTEBAN ILLADES (Ciudad de México, 1986) es editor en la revista Nexos. Es maestro en periodismo por la universidad de Columbia en Nueva York y se formó como reportero en el periódico El Nuevo Herald de Miami. Ha publicado reportajes sobre diversos temas, entre ellos el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y los problemas estructurales del futbol mexicano. Sus textos han aparecido en espacios como Al Jazeera, El Universal, entre otros.

Síguelo en Twitter: @esteban_is

La noche más triste La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Primera edición digital: junio, 2015 D. R. © 2015, Esteban Illades D. R. © 2015, derechos de edición mundiales en lengua castellana: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. www.megustaleer.com.mx Comentarios sobre la edición y el contenido de este libro a: [email protected] Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos. ISBN 978-607-313-192-6

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